Desde el CCPPI se ha llevado adelante una campaña para colaborar con la carga de datos de las familias indígenas, llegando a tramitar ellos mismos hasta 5.000 bonos. A pesar de ello, muchos han quedado afuera del beneficio ante el difícil acceso a una computadora o por falta de cédulas de identidad, situación que llevó a documentar de manera rápida a 1.500 personas con la ayuda del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Las actuales medidas de emergencia, resume Ñamku, "están pensadas solo para habitantes de grandes ciudades con recursos promedios".

"Hay un vacío total en el marco de la información que tiene que ser accesible para las poblaciones. Debería haberse llevado adelante una campaña en nuestros propios idiomas para poder explicar qué es lo que está ocurriendo", completa la representante mapuche.

Modesto Rojas, cacique y coordinador zonal de la comunidad wichí en Salta ─distrito donde sólo se han confirmado tres contagios─, explica que el contexto actual en su territorio es de "crisis permanente".La mayoría de las familias que viven allí se dedican a trabajos rurales pocos remunerados y el confinamiento obligatorio ha terminado con el único ingreso que tenían. El antecedente tras la muerte de los siete niños por desnutrición a principios de año, admite Rojas, "les preocupa demasiado".

"Pensamos mucho en el alimento. Muchas personas no tienen documento por lo que no pueden cobrar los planes sociales del Gobierno y tampoco pueden trabajar. Además, hay compañeros que no tienen agua y deben movilizarse hacia otras zonas para llegar a un pozo, pero la Policía no se lo permite. Por eso necesitamos que nos hagan llegar bolsones de comida a través de la municipalidad", cuenta el coordinador indígena.

Recordamos que días pasados en una nota publicada por nuestro medio,la oportuna inspección del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) seccional Catamarca, comprobó que más del 90% de estas personas no se encontraban registrados.

A esta situación se sumó la pandemia, las autoridades exigían que los transportistas no debían ingresar a territorio catamarqueño sin la cuarentena que corresponde, igual exigencia para los trabajadores rurales.

Ante este cuadro de situación y mediante la gestión municipal se otorgó la tarea de cosecha a 140 lugareños registrados debidamente, a quienes se les abono el pago que corresponde en acuerdo a lo que establece la ley.

Otro dato, la gestión y el dinero de los catamarqueños construyeron una cámara para la conservación de la papa, nunca se explicó como de pronto se privatizó, hoy es de usufructo de un productor.

Debiera ser preocupación de diversas áreas del gobierno provincial normalizar esta realidad que afecta a los pobladores de una región productiva, empobrecida por la desidia o la avaricia de quienes ocuparon cargos que debieron revertir este estado de cosas.

En el gobierno de Vicente Saadi se inició un estudio catastral que con el paso de los años quedó en la nada.

Es de esperar que en adelante se busque la regularización de estas cuestiones que construyeron  la pobreza de los habitantes, que tiene que buscar los planes para sobrevivir, mientras que productores en cada cosecha acrecientan su patrimonio sin aportar lo que corresponde a las rentas provinciales.

FUENTES CONSULTADAS:

https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2020/4/21/aconquija-comunidad-originaria-denuncio-represion-detenciones-arbitrarias-

432176.html

https://radioeltala.com/nota/30591/la-papa-catamarquena-negocio-tucumano

https://actualidad.rt.com/actualidad/350669-pueblos-originarios-argentina-pandemia-coronavirus