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LOCALES
11 de mayo de 2015
Argumentan que no se llamó a una audiencia pública para tratar la suba de la tarifa como lo establece la Constitución,Según explicaron los impulsores de esta iniciativa, "el tarifazo fue una medida totalmente arbitraria, infundada e inconsulta por parte del gobierno provincial, que se realizó para favorecer la ganancia de los empresarios”.
El pasado viernes, integrantes del partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST- Nueva izquierda) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia, para frenar el aumento en el boleto de transporte urbano de pasajeros que está en vigencia desde el pasado 24 de abril. En la presentación se atribuye una violación al artículo 178 de la Constitución Provincial que establece la convocatoria a la audiencia pública para fijar las tarifas de los servicios públicos.
El aumento en el boleto de transporte urbano en toda la provincia se acordó desde diciembre del año pasado en reuniones entre los empresarios y funcionarios provinciales. El boleto en la primera sección pasó de costar $3,50 a $5, es decir que el incremento fue de un 43%, mientras que el boleto estudiantil se mantuvo en $2. Aunque desde el interior provincial provinieron las mayores quejas dado que en algunas empresas el aumento llegó al 100%. De acuerdo con lo que explicó Daniel Blanes, referente del MST, "el aumento se coloca muy por encima de los valores inflacionarios anuales, y más aún de los incrementos salariales en igual período, siendo entonces este aumento totalmente desproporcionado y una decisión elitista sin sustento alguno”, argumentó, y señaló que es necesario realizar una auditoría integral a las empresas privadas a fin de constatar si la utilización de los subsidios estatales han sido correctos y justificar "debidamente" la necesidad del aumento. Además, pidieron por la estatización del servicio.
Cuando los servicios públicos provinciales fueran prestados por medio de concesiones, el contrato respectivo deberá contener bajo pena de nulidad absoluta, cláusulas sobre: la forma como se establecerán las tarifas; la participación de los usuarios en su fijación; el control del servicio y otras cuestiones.
Fuente: El Ancasti