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22 de junio de 2020

El ENRE asegura que Jalil busca una estricta monarquía al intentar disolver el organismo

El directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE) se metió de lleno en la disputa con el Ejecutivo provincial, a raíz de la intención declarada por el gobernador Raúl Jalil de disolver el organismo en razón de que tanto la empresa de agua potable como la de energía son administradas por el Estado.

Según la opinión del mandatario, el ENRE ya no tendría razón de ser porque ninguna de las prestadoras es privada y, en cambio, el ente representaría una costosa y superflua estructura que deben sostener los catamarqueños en las boletas.

En este marco, además de que el organismo está mostrando una inusual actividad, como las recientes resoluciones en contra de EC Sapem, que la obligan a refacturar con un costo millonario para sus finanzas, la conducción del ENRE -normalmente de bajísimo perfil- salió a cuestionar al ministro de Agua, Energía, y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, y por elevación, al primer mandatario provincial.

En un comunicado titulado “Monarquía en los servicios de agua y energía”, el directorio conformado por la contadora Rosa Mabel Sarquis y los abogados Augusto “Mocho” Acuña y Miguel Ángel Dahbar, respondió declaraciones de Kozicki, quien “se refirió de manera incompleta a las funciones que lleva a cabo este organismo”.

“En primer lugar llama la atención que el ministro haya omitido referirse a la función de Control de Calidad que el Ente Regulador ejerce sobre los servicios de energía eléctrica y agua potable y desagües cloacales, máxime cuando el pasado 18 de marzo, firmó el decreto N°568/20, mediante el cual se aprobó la modificación del Subanexo 3, en donde se establecen las ‘Normas de calidad del servicio público y sanciones’ del contrato de concesión de EC Sapem; tarea que es propia de este organismo de regulación y control”, señalaron.

En otro párrafo, argumentaron que “respecto a que la función de fijación de tarifas podría ser cumplida por alguna repartición ‘especializada en la materia’, es importante poner de relieve el peligro que conlleva este razonamiento, toda vez que el proceso de análisis y aprobación de los cuadros tarifarios debe ser realizado en el ámbito de un organismo autónomo y autárquico como lo es el Ente Regulador, y no -tal como lo sugiere el ministro- por la Secretaría de Energía, que no solo depende de él mismo, sino que además dejaría de lado al servicio de agua potable y desagües cloacales, que también requiere de análisis y aprobación de tarifas”.

“Debemos recordar que el artículo 12 de la Ley 5355 de creación de EC Sapem establece que el ministerio a cargo de Kozicki es el que (...) ‘ejerce la supervisión ejecutiva de la nueva sociedad y aprueba su plan de acción y presupuesto, debiendo remitir los mismos al Poder Legislativo para su conocimiento’”.

Para el ENRE, “esto significa que el mismo ministro será juez y parte de una misma cosa, ya que, en un esquema como el planteado, al ser la autoridad de aplicación de la empresa, se controlará a sí mismo, se multará a sí mismo, aprobará los cuadros tarifarios elaborados por él mismo, se contestará los recursos elevados por él mismo, todo sin la mirada observada de nadie. Una estricta monarquía en el servicio de energía eléctrica”.

 

“Reduccionista”

Finalmente, el directorio del organismo sostiene: “Creemos que la visión reduccionista de intentar mostrar al ENRE solo como mero receptor de reclamos, esconde, en realidad, una peligrosa e inconstitucional intención de avasallar la participación de los usuarios y querer eliminar los controles de calidad a las empresas de los servicios de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales; o peor aun, que los mismos sean ejercidos por un futuro organismo carente de autonomía e independencia que vele por el respeto de los derechos de los usuarios y el estricto cumplimiento de las obligaciones en la prestación de los servicios por parte de las empresas distribuidoras”.

 

Trayectoria

El ENRE fue creado durante los procesos de privatización de los servicios públicos en Catamarca, cuando Aguas del Valle y Edecat pasaron a controlar la provisión de agua potable y de electricidad, respectivamente.

Años después, Aguas de Catamarca y EC Sapem se hicieron cargo de ambos servicios. Se trata de firmas con participación estatal mayoritaria, por lo que desde la gestión Jalil consideran que, en razón de que no hay un tercero privado involucrado en la prestación, las funciones del ENRE podrían ser absorbidas por otra dependencia y el organismo, liquidado.

 

 

 

 

FUENTE EL ESQUIU

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