En los tribunales muchos prevén que habrá un cambio rotundo en la relación del Ejecutivo para con el Poder Judicial: la incertidumbre también está en saber si seguirá la tan marcada división de sectores de los últimos años y que se coronó con el bautismo de la agrupación "Justicia Legítima", cercana a la Casa Rosada y opositora al ala más tradicional y conservadora de la Justicia.
 

La incógnita pesa también sobre las definiciones que se aguardan en varias causas de corrupción y otros expedientes incómodos para la administración kirchnerista: la del caso Ciccone que tiene en la mira al vicepresidente Amado Boudou; o la investigación por lavado de dinero de la firma Hotesur; el Memorándum con Irán por el caso AMIA y sin dudas aquella otra por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.

De hecho, desde hace semanas y para evitar ser asociados políticamente a uno u otro candidato, los jueces federales evitaron definiciones en los casos clave y las pospusieron para después de la elección de este domingo.

Caso excluyente es el de Claudio Bonadio, quien sin reparos dispuso varias citaciones en los últimos días a funcionarios del Gobierno, como la del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por el Plan Qunita; o directamente procesó al director del PAMI, Luciano Di Césare, por presuntas irregularidades en la utilización del dinero del presupuesto.

"No puedo cerrar el Juzgado por las elecciones", declaró Bonadio esta semana, tras allanar el Banco Central en una causa por la venta de dólares a futuro, y muchos lo tomaron como una ironía.

También quedan flotando muchos dilemas y hechos que fueron motivo de conflicto en la relación del Gobierno con el Poder Judicial empezarán a tomar rumbo luego del 10 de diciembre.

Uno es qué ocurrirá con la gran cantidad de vacantes en los tribunales y cómo se designarán los jueces subrogantes: la Corte Suprema de Justicia tiró abajo la semana pasada la reforma impulsada por el kirchnerismo y fijó un plazo de tres meses para volver al sistema anterior, a la par que instó al Congreso de la Nación (el cual tendrá otra conformación) que establezca una nueva metodología.

En ese sentido, es clave qué pasará con el Consejo de la Magistratura, pues la Justicia también declaró inconstitucional la última reforma que redujo de 20 a 13 sus miembros, y dejó abierta la posibilidad que el próximo Congreso fije una nueva normativa.

Otro punto es la Ley de Medios, ya que si bien quedó zanjada su constitucionalidad luego de disputa de años en Tribunales, su aplicación no se logró en su objetivo principal: poco antes de las elecciones la Corte ratificó una medida cautelar que suspendió el "procedimiento de transferencia de oficio" dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para que el Grupo Clarín se adecue a lo fijado por la norma y ahora deberá resolver la cuestión de fondo.

Pero sin dudarlo, una de las investigaciones que podría definirse durante el próximo Gobierno es qué pasó con el ex titular de la Unidad AMIA Alberto Nisman -¿se suicidó o lo mataron?- y relacionado con ello aquellas otras causas abiertas por los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel.

Sin dudas muchas diferencias persisten, entre aquellos considerados oficialistas y los opositores, y la convivencia también dependerá de las cabezas del Poder Judicial, esto es cómo se configurará la Corte Suprema, donde se deben cubrir las dos vacantes abiertas así como el de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Gils Carbó es un capítulo aparte: Macri dijo que pretende su renuncia, pero ella ya advirtió que seguirá en su cargo, por lo que promete ser una de las batallas más inmediatas a partir de diciembre próximo.

También otro de las cuestiones pendientes a raíz de la clara oposición que hubo por parte del Poder Judicial es la implementación del nuevo Código Procesal Penal que otorga a los fiscales el rol de investigar y a los jueces sólo abocarse a valorar la prueba, lo que inclina la balanza hacia los primeros.

El texto está aprobado y su implementación se viene postergando, a tal punto que recién se habla que será puesta en vigor el próximo año, o sea, ya con nuevo Presidente de la Nación.

El recambio de Gobierno plantea otro desafío: el devenir de eventuales investigaciones penales que tienen a Macri en la mira: en la principal, resta que el juez federal Sebastián Casanello defina si va a juicio por las escuchas telefónicas ilegales en la que está procesado aunque algunos adelantan que resultará sobreseído por falta de pruebas.