El intendente local Roberto Sánchez anunció anoche un acuerdo con el Gobierno provincial que pone fin a las duras protestas de cesanteados que tenían en vilo a la ciudad. 

Las manifestaciones se desataron la semana pasada y recrudecieron en la noche del lunes y la madrugada de ayer, tras la decisión del jefe municipal de anular decretos del ex intendente Osvaldo Morelli. Estos instrumentos disponían la incorporación a planta de permanentes de unos 470 empleados contratados. 

“Hay una solución y todos volverán a sus tareas en distintas reparticiones”, aseguró Sánchez anoche ante vecinos que se reunieron frente a su casa para expresarle el apoyo a su gestión. La movilización se concretó luego de los momentos de zozobra que enfrentó el referente radical, quien estuvo sin poder salir de la Intendencia durante más de 20 horas a causa de las protestas que protagonizaban al frente del edificio municipal los afectados por los decretos anulados.

El acuerdo al que hizo referencia el jefe municipal, y que cuenta con el respaldo de los ministros del Interior, Miguel Acevedo; y de Gobierno, Regino Amado, fue cerrado con el compromiso de la Provincia de cubrir la planilla salarial de 110 empleados permanentes. De otros 110 trabajadores se haría cargo el municipio. En tanto, los restantes 220 obreros se desempeñarían en las mismas condiciones que tenían antes de ser beneficiados con los decretos de Morelli. “Los que eran contratados lo seguirían siendo, como así también los monotributistas. Pero a estos se les daría un aumento para compensar su situación”, explicó, por su parte, el secretario de Gobierno de Concepción, Julio César Herrera. 

Momento antes del acuerdo, el Departamento Ejecutivo Municipal había ratificado su decisión de reincorporar a todos los ex trabajadores que aparecen en los decretos de designación anulados la semana pasada. Pero aclaró que solo pasarían a la planta de permanentes sólo los que tienen más de seis años de antigüedad. Fue el director de Comunas Rurales, Alberto Olea, quien se encargó de negociar aquí una salida al conflicto. En la capital, en paralelo, el vicegobernador Osvaldo Jaldo (a cargo del Poder Ejecutivo) mantuvo una reunión con los legisladores radicales Ariel García y Raúl Albarracín, y con concejales de Concepción.

Luego, por vía telefónica se acordó el convenio dado a conocer por Sánchez. “Queremos preservar el trabajo de la gente, pero dentro de un marco viable para el desarrollo de una gestión en paz, sin otros conflictos”, argumentó el funcionario. “El incremento de personal en más de un 40% torna inviable nuestra gestión, porque todo el dinero que ingresa no alcanza a cubrir esa planilla”, había advertido horas antes el propio Sánchez.

Humo y basura

A raíz de la protesta, este martes no hubo recolección de basura en Concepción y muchos residuos fueron arrojados por los manifestantes en las calles. Pero el blanco principal de la bronca de los cesanteados fue el edificio municipal. 

Allí quemaron cubiertas y pintaron con leyendas las paredes luego de una reunión infructuosa mantenida en la noche del lunes. Ese día, Sánchez y Herrera se habían encontrado con los representantes de los ex empleados entre las 18 y las 23. Luego de ese cónclave, se desató el escándalo. Cuando el intendente y su colaborador quisieron salir fueron hostigados por los manifestantes, y decidieron quedarse en el edificio municipal. 

“Fui amenazado de muerte y permanecí privado de la libertad. Por eso recurrimos a la Justicia”, sostuvo el intendente. En las primeras horas del martes, la furia recrudeció cuando un grupo de los cesanteados se dirigió hacia la casa de Sánchez y allí procedió a quemar cubiertas. También lo hicieron frente a la vivienda del ex intendente Morelli. En ambos lugares intervino la Policía para disuadir a los manifestantes. El episodio no pasó a mayores, pero continuó frente a la plaza principal de la ciudad del sur. 

“Nadie amenazó a nadie. Anoche el intendente si se quería ir a su casa lo podía haber hecho. La mayoría éramos mujeres que, cuando lo vimos asomar, sólo entonamos el Himno Nacional. Sólo queremos recuperar nuestro trabajo”, se escudó una mujer que participó de la protesta, y que prefirió no identificarse. Según argumentó, los decretos que anuló Sánchez desmantelan la oficina de asistencia social, en el que trabajan, dijo, personas con hasta 12 años de antigüedad. “La postura del intendente es la intransigente, no la de esta gente que quiere volver a trabajar. Si él considera que hay quienes nunca trabajaron, hubiera empezado a actuar en contra de ellos”, añadió el ex edil Nicolás Albornoz, vocero de los manifestantes. Anoche, no obstante, varias personas permanecían frente a la Intendencia con una olla popular.

El acuerdo será analizado hoy en una reunión que, a las 11, mantendrán en la Casa de Gobierno funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Municipalidad y representantes de los trabajadores. Del cónclave no participará el gobernador, Juan Manzur, quien ayer por la tarde viajó a Buenos Aires para mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y con el candidato a presidente por el oficialismo, Daniel Scioli.