Las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda habían emitido dictamen favorable y ya contaba con media sanción del Senado. La iniciativa fue presentada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina.

“Estamos muy contentos. Es un proyecto colectivo que surge después de la marcha Ni una menos. Me saqué la foto con el cartel, estuve como tantos ciudadanos en la plaza el 3 de junio pero también pensé qué se podía hacer para colaborar con la temática y ahí surgió este proyecto”, dijo Abal Medina al portal Infojus Noticias, tras la sesión.

“Según los estudios de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, de cada 100 denuncias de violencia de género que se presentan, sólo 5 llegan a juicio, y esta desproporción está relacionada con la falta de abogados que respondan de manera gratuita y efectiva para llevar adelante los casos. No nos podemos olvidar que la violencia de género tiene la particularidad única de que el victimario convive con la víctima. Si se acciona rápido, se pueden salvar vidas”, señaló el autor de la iniciativa que obtuvo apoyo unánime en ambas cámaras.

Cuando las mujeres rompen el círculo de la violencia machista y denuncian a los agresores, muchas veces, se encuentran con una barrera: costear un abogado penalista para sostener los procesos judiciales. La idea de Abal Medina busca crear un cuerpo de abogadas y abogados que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y garantizará “el acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva”. La apuesta es una representación jurídica gratuita, responsable y experta. Según el proyecto, el cuerpo tendrá representantes en todo el país, que ingresarían mediante “concurso público de oposición y antecedentes” y tendrían “una instancia obligatoria de formación especializada” en la temática.

El patrocinio jurídico gratuito para las víctimas fue una de las demandas del colectivo que organizó la histórica movilización del 3 de junio en el Congreso: Ni una menos. Hasta el momento, la posibilidad de una representación judicial para las mujeres dependía de la jurisdicción donde se desarrollaba cada caso.

Qué dice el proyecto

“El informe presentado en 2015 por la Argentina, ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas, da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once dependencias gubernamentales que ofrecen patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza cuentan cada una con una ONG para brindar patrocinio. Para el resto de las provincias, no se posee información sobre servicios de esta índole”, señala el texto en sus argumentos.

Además de brindar asistencia a las víctimas, buscará desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. En el texto del proyecto también se plantea celebrar convenios y promover capacitaciones, entre otras tareas.

El acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género es en cumplimiento de la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. A su vez, busca hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos reconocidos y consagrados en esas y otras normativas.