El gobernador Daniel Scioli aceptó finalmente la renuncia de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, quienes fueron blanco de un sinfín de críticas a raíz de un fallo que benefició a un violador de un niño de 6 años. El escándalo estalló luego de que se diera a conocer que los magistrados de la Sala I de la cámara de Casación Penal le redujeron la pena al condenado con el argumento de que la víctima "ya había sido abusada y tenía una inclinación homosexual".

A través de los decretos 513 y 514, el mandatario bonaerense aceptó anoche la renuncia de ambos magistrados al tomar en cuenta informes de organismos técnicos de los que surgió "la inexistencia de inconvenientes" para avanzar en ese sentido. Dichos dictámenes fueron emitidos por la Dirección de Asesoramiento Técnico de la Suprema Corte, la Asesoría General de Gobierno y la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

Ambos jueces quedaron en el centro de la escena, luego de que le quitaron el carácter de "gravemente ultrajante" a la condena que pesaba sobre el vicepresidente del Club Florida, Mario Tolosa, condenado por abusar del menor de 6 años. Así, le redujeron la pena de los seis años de prisión originales a tres años y dos meses. Tolosa quedó en libertad tras cumplir dos años de cárcel.

A partir de ese momento, legisladores de diversas bancadas impulsaron un nuevo jury, que se sumó a otro que tenía como protagonistas a ambos magistrados en relación a otro fallo controvertido. En ese contexto, tanto Piombo como Sal Llargués presentaron sus renuncias.

Los organismos técnicos argumentaron que los procesos de enjuiciamiento iniciados contra ambos jueces estaban en la etapa "de instrucción de sumario", lo que supone que de haberse producido una acusación, el gobernador no podía aceptar las renuncias. Ahora, el jury no seguirá avanzando para la eventual destitución y los jueces podrán acceder al beneficio jubilatorio.

Y justamente para evitar que no sean sometidos al juicio político y se jubilen, la comisión bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados de la Legislatura bonaerense había resuelto elevar las denuncias contra los magistrados y pidió a Scioli que no acepte las renuncias. También desde la oposición le solicitaron al gobernador que no de vía libre al pedido de Piombo y Sal Llargués. "Si el gobernador acepta la renuncia se convertiría en cómplice", dijo el diputado del GEN Juan Carlos Juárez, luego de que trascendiera que el mandatario provincial tenía pensado conceder las dimisiones.

El Frente Renovador también intentó hacer lo propio. El titular del bloque massista en la Legislatura bonarense, Jorge D'Onofrio, presentó un proyecto para aprobar una declaración de preocupación sobre el tema y el envío de un pedido formal al gobierno provincial y al Poder Judicial para que se rechace la estrategia de los jueces y se tomen "medidas ejemplificadoras" con ellos.

Pero no sólo los sectores antikirchneristas se expresaron en este sentido. El tema generó divisiones entre el sciolismo y el propio vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, quien se había inclinado por la aplicación del artículo 29 bis de la ley provincial Nº 13.661, que regula el procedimiento de enjuiciamiento a magistrados y funcionarios.

En ese texto se consagra la posibilidad de que el jury disponga el "apartamiento preventivo del cargo" del acusado por hasta 180 días corridos, lo que hubiese bloqueado la posibilidad de que Scioli apruebe las dimisiones. "Si activamos el 29 bis para apartar a estos jueces, tal como le pedimos a la Suprema Corte, no pueden encontrar la excusa de la renuncia para después jubilarse con todos los honores", había dicho Mariotto.

Tras la repercusión negativa que generó la difusión del fallo, los jueces dejaron de ser, además, profesores de Universidad Nacional de La Plata y de la UBA y fueron también separados de algunos organismos que integraban.