Movimientos de izquierda, encabezados por el Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Partido Obrero y MST, entre otros, y representantes de la toma de Guernica pidieron este lunes a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la Justicia “la cesión del 10% de la superficie total involucrada en el proyecto del barrio cerrado San Cirano”.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la izquierda se basó en los planos del emprendimiento inmobiliario e imágenes satelitales para denunciar que “en la actualidad son 13 hectáreas y a futuro 23 hectáreas adicionales hasta completar 36 hectáreas, tal cual prevé el artículo 51 de la Ley 14.449, en relación a Grandes Emprendimientos Inmobiliarios que establece la cesión del 10% de las tierras involucradas en este tipo de proyecto para fines sociales”.

Alejandro, uno de los voceros de la mega toma de Guernica e integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), precisó que el domingo, en las asambleas de la toma llevada adelante en los barrios 20 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión, “se rechazó la propuesta del gobierno de Kicillof de subsidios de 50.000 pesos y la entrega de terrenos más adelante. Se rechazó porque la gente no le tiene confianza a este Gobierno, que no puede ni manejar a su policía, que baleó a unos compañeros que estaban pegando carteles en apoyo a la toma“.

Los manifestantes, a través de los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares, también le solicitaron al juez Martín Rizzo una “nueva audiencia con carácter de urgente”.

“Venimos por el presente a proponer una vía alternativa para solucionar el conflicto”, comienza el petitorio, y de inmediato describe cada uno de los “polígonos”, de tierras donde está prevista la construcción del barrio cerrado que involucra un total de “360 hectáreas”.

La propuesta incluye también el traslado de las familias a otras localidades donde, según afirmó Eduardo Belliboni, “hay tierras fiscales como en San Vicente”. Además de Belliboni, encabeza la movilización y los reclamos de tierras Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Ambos ya habían “repudiado” las declaraciones de Andrés “Cuervo” Larroque, quien denunció que ayer, cuando desde el gobierno bonaerense intentaron llevar adelante un “operativo interministerial de asistencia” a las más de 2.000 familias que participan de la toma de tierras en Guernica, se encontró con la resistencia de las organizaciones sociales que intervienen en el conflicto.

“Concretamente, más de un centenar de trabajadores de diferentes dependencias estatales intentaron llevar agua potable, comida y ropa para las familias pero no pudieron ingresar al predio. Las organizaciones prendieron fuego gomas y exigieron que la mercadería sea depositada en el sector de ingreso para su posterior reparto”, explicó el funcionario de Kicillof, y amplió: “Un grupo de organizaciones lamentablemente está haciendo una utilización política del conflicto y de la necesidad que tienen miles de personas. Fue una situación bastante violenta”.

“Las declaraciones del ministro Larroque contra las organizaciones sociales buscan desacreditar a las 2.500 familias que viven en Guernica. Son para encubrir la falta de respuestas y la impotencia política de su ministerio que prepara un desalojo violento con la policía de Berni y la intendenta, claramente alineada en los negocios inmobiliarios de quienes no han podido presentar títulos válidos sobre esas tierras. El Partido Obrero apoya a las familias sin techo y ha propuesto la formación de un banco de tierras a cargo del Estado incluyendo tierras fiscales y privadas ociosas”, replicó Belliboni, y acusó a Larroque de querer entregar víveres y elementos de higiene “mediante una extorsión” porque “los entregarían a cambio de que se les permitiera tomar contacto directo con los habitantes de la ocupación pasando por encima de la mesa de negociación constituida entre el Gobierno, el juez y los delegados de la toma”.

El petitorio, avalado por los representantes de los cuatro barrios en los que está dividida la toma de 100 hectáreas de Guernica, 20 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión, sostiene: “Las ocupaciones de tierras y viviendas constituyen en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo para los sectores populares. Una cuestión fundamental se encuentra en el inaccesible precio del suelo, el cual en algunas zonas del área metropolitana en los últimos 8 años se ha incrementado más de un 360%, fenómeno ligado a la falta de acceso al crédito, de acceso al mercado formal de alquileres, de incorrecto destino de la inversión pública, opacidad y elitismo de las normas urbanísticas, entre otras cuestiones. Tales prácticas se encuentran amparadas por una concepción del derecho de propiedad de origen civilista, individualista y excluyente, que se expande en todo el territorio nacional, violatorio de los esenciales principios de igualdad y equidad, poniendo al margen del cumplimiento de obligaciones a los propietarios de la tierra”.

El texto, más político que judicial, hace hincapié en que “la mayor parte de las veces los procesos informales de ocupación del suelo se constituyen para la población de bajos recursos económicos en la única posibilidad real de acceso a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de acceder a estos bienes por medio de mecanismos formales ya que no existe una política seria y continua de urbanización”.