Después de un extenso y agitado debate por los cruces en torno a uno de los polémicos artículos del proyecto que beneficiaría a Cristóbal López,  el oficialismo dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ampliación de moratoria enviado por el Ejecutivo. La oposición acompañó el grueso de la iniciativa pero denunció una “ley de amnistía” encubierta para Oil Combustibles.

Debido a esto, los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio (113 diputados) se abstuvieron en la votación en general y la iniciativa obtuvo media sanción con un total de 137 votos afirmativos y 3 negativos: Nicolás Del Caño y Romina del Plá, de la Izquierda y el cordobés Luis Juez, del PRO.

La iniciativa habilita, por primera vez, la adhesión de contribuyentes declarados en quiebra, al margen del momento en que se produjo. A su vez, permite regularizar las deudas correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Juego, dos ítems que no estaban en la moratoria aprobada en diciembre.

A raíz de eso, Juntos por el Cambio denunció que se trataba de “un traje a medida” para el dueño del Grupo Indalo y adelantó que se iba abstener en la votación general, aunque en particular acompañaría el resto de los artículos.

“El despacho del oficialismo conduce a la impunidad de los promotores de uno de los más grandes fraudes al fisco de los últimos tiempos”, afirmó el radical Luis Pastori. “Es una mala señal porque le decimos al contribuyente que este Congreso está dispuesto a darle un salvavidas a una persona que se queda con plata de los argentinos, que defrauda al Estado y quiebra a su empresa”, agregó Luciano Laspina del PRO, mientras que Federico Angelini señaló que esto “lo salva de ir a la cárcel”.

A su turno, el lilito, Juan López, hizo hincapié en que Cristóbal López “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador, habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia”.

Por su parte, el lavagnismo pidió “no tirar nombres por la cabeza” pero también se mostró en contra del artículo n° 11 que permite adherir a los quebrados. “Hay que hacer una ley equitativa y nunca un evasor que no puede pagar los impuestos es igual a alguien que ha quebrado de manera fraudulenta”, apuntó el diputado Jorge Sarghini de Consenso Federal.

Desde el Frente de Todos defendieron la inclusión de quebrados a la moratoria de la misma manera que lo hizo la titular de la AFIP, Marcó del Pont: apuntaron que si hay avenimiento, la recaudación que del Estado puede superar el 60%, pero que si la empresa quiebra la recaudación no logra superar el 4%.

“Las deudas del Impuesto al Combustible formaron parte de las moratorias de 2001, 2008 y 2016, con tres gobiernos distintos”, defendió el oficialista Pablo González y contraatacó afirmando que la Ley de Blanqueo de Mauricio Macri fue un verdadero “traje a medida”.

A su vez, el santacruceño apuntó que 4600 empresas en situación de quiebra estarían en condiciones de adherir y comparó la situación con Vicentin: “La cerealera debe $ 99 mil millones y en ese caso se defendía a los directores como si fueran los niños cantores de Viena y acá condenan anticipadamente en una causa que todavía no tiene condena”.

Sobre el cierre, Máximo Kirchner, planteó: “Escuché a muchos hablar de la moral como si el presidente al que siguieron a rajatabla fuera Juan Carr, pero fue Mauricio Macri. Macri el que se llevó puesta a la Corte Suprema, el (Carlos) Ruckauf, el del Correo Argentino. El que cuando se hizo el blanqueo y este Congreso prohibió adherir a los familiares, lo mandó por decreto”, se quejó el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

El bloque de los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti también defendió el proyecto, en todos sus puntos. “Incluir a las empresas en quiebra al régimen corresponde a una decisión de recuperación productiva y preservación del empleo”, señaló Paulo Cassinerio, de Córdoba Federal.

Dentro del interbloque Unidad y Equidad Federal, que conduce el mendocino José Luis Ramón, había una mayoría dispuesto a acompañar la medida a la que ya habían avalado en el despacho de comisión.

El proyecto de ampliación de moratoria incluye a contribuyentes grandes, pequeños, autónomos y monotributistas. En un cambio de último momento, se dispuso que se puedan ingresar deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020 . Podrán pagarse en hasta 120 cuotas y hay tiempo para adherir hasta el 31 de octubre. La primera cuota se deberá pagar en noviembre.

A su vez, a pedido de la oposición, la iniciativa contempla “premios” para los buenos contribuyentes con descuentos en monotributo e impuesto a las Ganancias.

“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, concluyó Carlos Heller, presidente de la comisión y banquero cooperativo.