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NACIONALES
21 de julio de 2020
El Gobierno tiene en el tope de sus prioridades pospandemia la reforma del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal, los tres de los pilares del servicio de justicia.
En la práctica, el cambio que se anuncia en el marco del "mejoramiento de la calidad institucional" es una oportunidad para modelar el funcionamiento del Poder Judicial según los propósitos políticos del frente gobernante.
Las sugerencias de cambios las efectuará, en un plazo establecido por decreto en 60 días, un "consejo de mejoramiento de calidad institucional" integrado por notables del derecho de todo el país. Se menciona como favorito para integrarlo al exjuez Carlos Arslanian, y eventualmente a Carlos Beraldi, quien fue su socio y autor de códigos procesales, y es abogado de Cristina Kirchner. Pero los nombres recién se harán públicos con el decreto presidencial.
Cada vez que se habla de reformas en la Corte Suprema de Justicia -actualmente con cinco miembros- surgen dos tópicos. La posibilidad de que el tribunal funcione dividido en salas, lo que traería aparejado ampliar su integración; y limitar los casos que llegan a la Corte, para que sea solo un tribunal constitucional de acceso restringido.
Estas ideas pueden ser contradictorias, ya que las salas podrían recibir más causas, pero la idea de un tribunal de constitucionalidad reduciría el volumen de expedientes. Sin que estos sean los textos que se manejan entre los juristas cercanos al Gobierno, sí son las ideas recurrentes. De hecho, Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exjuez de la Corte y referente kirchnerista en temas de justicia, propuso crear una Corte de 15 miembros dividida en salas especializadas.
"Necesitaríamos tener una Corte de 15 jueces dividida en cinco salas especializadas que se ocupen de resolver los casos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia. Con cinco o seis jueces es imposible que una persona pueda conocer todo el derecho. Y las pocas causas que están en la Corte sobre constitucionalidad o no de las leyes, que deben ser 100 o 150, que las voten los 15 jueces, lo que no demora las decisiones", dijo el exjuez, y señaló que le parece republicanamente peligroso que el poder quede concentrado en tres personas, que bastan para conformar una mayoría en la Corte actual.
La idea de Zaffaroni de hecho ya estuvo prevista en la legislación. El decreto ley 1285, dictado por la Revolución Libertadora en 1958, establecía en su artículo 23: "Facúltase a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en salas, de acuerdo con el reglamento que a tal efecto dicte", y agregaba: "La Corte actuará en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad". Otra posibilidad que existe cuando se habla de una división de la Corte en salas es que los jueces trabajen no por especialidad, sino por sorteo.
Esto implicaría que entren más causas en la Corte y que se pueda, por ejemplo, conformar una sala penal, con jueces nuevos, que se encargue de los casos de corrupción.