El nuevo impuesto estaría destinado a financiar inversiones y gastos corrientes en medio de la crisis, que también golpea a las distribuidoras, según anticipó el sitio especializado EcoJournal.

El proyecto, considerado como una idea viable, se encuentra en manos del ministro de Producción, Matías Kulfas.

Adigas propuso que se cree un nuevo fondo al que denominan informalmente “Focegas”, integrado por un cargo fijo de $200 que se cobrará en las facturas que les llegan a los usuarios residenciales de toda la Argentina. Las principales distribuidoras -Metrogas, Camuzzi, Natyrugy y EcoGas- resaltaron en sus diálogos con el Gobierno que en un contexto de caída de ingresos y tarifas congeladas necesitan ingresos extras para evitar que colapse la cadena de pagos a los productores de energía.

YPF, principal productor de gas del país, y otras petroleras como PAE, Pluspetrol, Total, Wintershall DEA y CGC ya habían advertido sobre este contexto complejo.

Los representantes de las compañías se reunirán este viernes con Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). En la previa, le hicieron conocer sus argumentos: “El fondo es fundamental para reactivar obras que fueron congeladas durante el gobierno anterior”.

Las empresas tomaron como antecedente el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) creado en noviembre de 2012 a partir de la aplicación de un monto diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios.

Vale recordar que, la semana pasada, mediante el Decreto 543/2020 de la Emergencia Sanitaria, el Ejecutivo Nacional dispuso congelar por 180 días los aumentos en las tarifas.

La norma, que también establece la imposibilidad de cortar los servicios por deudas impagas de hasta seis meses, señala que se tomó la decisión de mantener sin modificaciones las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal porque la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio “han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural”.