El Gobierno Nacional derogó el protocolo para el uso de armas de fuego que Patricia Bullrich había impulsado en diciembre de 2018. Este martes, a través del Boletín Oficial, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dejó sin efecto el reglamento para el uso de pistolas Taser​, revocó el “Servicio Cívico Voluntario”, el programa “Ofensores en Trenes” y el pedido de DNI en estaciones de trenes. Así lo dispuso en la Resolución 1231/2019.

Semanas atrás, la funcionaria había anticipado que derogaría los protocolos de Bullrich, que le permitían a las fuerzas disparar contra sospechosos en fuga, e incluso sin dar la voz de alto. Uno de los protocolos que quedan sin efecto es el del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, implementado en diciembre de 2018 a través de la Resolución 956.

La nueva resolución afirma que “excede los criterios impuestos [por la ONU] y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”. En su lugar, restituye la vigencia de las disposiciones de cada fuerza específica: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En otro artículo de la Resolución 1231/2019 se deroga el “Reglamento General para el Empleo de Armas Electrónicas No Letales”. Las pistolas Taser son armas de electrochoque, que disparan proyectiles con cables que administran corriente suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente.

Asimismo, Frederic derogó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” y el plan “Ofensores en Trenes”. La actual conducción sostiene que las finalidades y las funciones de la Gendarmería no guardan relación con los objetivos del Servicio Cívico Voluntario, que serían materia del Ministerio de Educación.

En cuanto al plan “Ofensores en Trenes”, la principal objeción es que “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”. Este programa había sido publicado en octubre, en la Resolución 845/2019. La exministra había dijo que la exhibición del DNI apuntaba a identificar con un programa de software a aquellas personas con delitos previos para “generar una conducta distinta de comportamiento en el transporte público”.

La nueva resolución establece que la medida “pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”. Además de contradecir “los estándares de seguridad democrática” y “los estándares internacionales de Derechos Humanos”.