La fiscal federal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, elevó este jueves un pedido de indagatoria a 12 miembros de la comunidad mapuche de Resistencia en Cushamen, donde murió Santiago Maldonado, al imputarlos como miembros de una asociación ilícita que incurrieron en los delitos de falso testimonio y obstrucción de la investigación por la muerte del joven tatuador.

Ávila consideró que existen suficientes elementos de prueba para acusar a los mapuches Matías Daniel Santana, Claudina Inés Pilquiman, Lucas Ariel Naiman Pilquiman, Martiniano Jones Huala, Ariel Mariotto Garzi, Soraya Guitart, Ailín Co Pilquiman, Fausto Jones Huala, Andrea Millañanco, Nicolás Hernández Huala, Trinidad Jones  y Adriana Baigorria como parte de una organización destinada a desviar la investigación por la muerte de Santiago para responsabilizar a la Gendarmería Nacional.

Tanto esa fuerza federal como el Ministerio de Seguridad habían presentado a comienzos de este año querellas por la actuación de los miembros de esa comunidad durante la investigación por la desaparición de Maldonado, pero la imputación abarcaba a muchas menos personas.

A lo largo de las 70 fojas del dictamen, la fiscal repasa la secuencia cronológica de los hechos según constan en los expedientes de hábeas corpus y en la investigación penal por la desaparición del joven tatuador; analiza las declaraciones testimoniales de los imputados y su actuación dentro del Pu Lof durante los rastrillajes y se detiene en lo observado por el testigo E (Lucas Pilquiman, el último mapuche en ver con vida a Santiago Maldonado).

El juez federal Guido Otranto deberá ahora evaluar si hace lugar al pedido.

"A la falsedad de lo declarado —argumenta Ávila— se suman la cantidad innumerable de elementos de prueba escondidos, ocultados o desviados por parte de este grupo de personas que sólo intervino para desviar la investigación y responsabilizar a un grupo de gendarmes –con la consecuente responsabilidad institucional y política que ello implicaba- respecto de la desaparición forzada que quisieron instalar".

Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados "demostraron formar parte de una organización con funciones definidas tendiente a falsear cada uno de ellos algún elemento de la historia que crearon".

Y continúa: "Si bien los análisis contrafácticos nunca son recomendables, es posible afirmar que, si esta organización hubiese relatado lo que sabía desde el primer momento, no hubiese falseado declaraciones, no se hubiese apoderado ilegítimamente de elementos de la víctima, hubiese permitido el ingreso al predio a los auxiliares de la justicia y a los funcionarios judiciales, no hubiese plantado prueba, los rastrillajes se hubiesen hecho en el lugar que correspondían (no más de 100 metros río abajo donde los propios imputados indicaron) y hubiese habido mayores posibilidades de encontrar el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado mucho antes".

"Indefectiblemente, dadas las características del hecho, y la fuerza estatal que era motivo de investigación, los imputados se valieron estratégicamente de la circunstancia de haber estado presentes en el lugar los días 31 de julio y 1° de agosto y haber sido los únicos que vieron con vida a Santiago Andrés Maldonado para utilizar tales extremos y montar una escena que les permitiera ganar tiempo", agrega la fiscal.

Y concluye: "En ese interín, utilizaron el episodio para mediatizar la ausencia del joven artesano, posicionar su ideario exigiendo la libertad del requerido Francisco Facundo Jones Huala y dar los fundamentos de su lucha por la recuperación de las tierras. No sólo trabajaron arduamente generando adhesión en la opinión pública sino que desplegaron esta actividad concertada hacia dentro del ámbito judicial a nivel nacional e internacional".