La Cámara de Apelaciones de Bariloche hizo lugar al amparo presentado por legisladores y concejales del Frente Para la Victoria (FPV) y dictó una medida de "no innovar" en la prórroga anticipada de la concesión del cerro Catedral desde 2026 a 2056, que había sido aprobada por el Concejo municipal luego de una discusión en audiencia pública, mientras que la Municipalidad adelantó hoy que apelará la decisión.

La cautelar fue solicitada por los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro, acompañados por los concejales Ana Marks y Daniel Natapof, quienes celebraron la decisión judicial y explicaron que ahora la Municipalidad no puede modificar nada en la contratación vigente con la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa). La prórroga fue acordada el año pasado por el intendente Gustavo Gennuso y las autoridades de Capsa. 

Este convenio se sometió a un proceso de revisión en audiencia pública y luego fue convalidado en una ordenanza, que promulgó la semana pasada el jefe comunal. La disposición extiende por 30 años la concesión que vencerá en 2016, a cambio de una inversión en los primeros cinco años de 22 millones de dólares para el complejo de medios de elevación, entre otros requisitos para ambas partes, y habilita el desarrollo inmobiliario en los faldeos de la montaña.

No obstante, Gennuso no alcanzó a firmar el contrato de prórroga definitivo y la cautelar judicial, que será apelada por el gobierno municipal según lo adelantó hoy el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, detiene el proceso. El fallo de la Cámara de Apelaciones fue dictado el miércoles por los jueces Emilio Riat y Edgardo Camperi, con el voto en disidencia de Carlos Cuellar, informaron fuentes judiciales.

La cautelar sostiene que la renovación contractual no siguió los pasos administrativos exigidos en la legislación vigente y que los argumentos empleados por el intendente Gennuso, sobre la urgencia de prorrogar el contrato, no son suficientes para pasar por alto normas ambientales y procedimientos que obligan a licitaciones públicas. Así, la sentencia aludió a la urgencia planteada en el contrato para alentar una inversión a la que supuestamente Capsa no está obligada. 

 
Además, estableció que los argumentos del gobierno y la empresa para anticipar la prórroga "no parecen causales de justificación suficiente ni parecen constituir un estado de necesidad palmario y relevante para sacrificar principios y garantías constitucionales indisponibles para el poder político, como eludir los protocolos ambientales; soslayar los procedimientos ordinarios previstos para elegir a los contratantes públicos, o arriesgar el dominio municipal".

También recordó el tribunal que hay un conflicto judicial no resuelto, con sentencias parciales, en el que Capsa desconoce la autoridad concedente del municipio desde la transferencia del cerro de Río Negro a Bariloche, porque ese traspaso requería para su perfeccionamiento de su "conformidad", litigio al que la empresa prometió renunciar de confirmarse la prórroga. La Cámara también contradijo ese argumento indicando que no es "razonable”.

A su vez Cuellar se inclinó en minoría por rechazar el recurso contra el contrato, fundamentando el voto en contrario con una argumentación filosófica, con abundante jurisprudencia, entendiendo que la prórroga dictada es facultad del jefe comunal y el Concejo municipal, que ejercen el gobierno delegado democráticamente. En particular, en referencia al poder legislativo, que aprobó la prórroga por mayoría especial. 

El jefe de Gabinete dijo que el gobierno conoció la medida judicial por los medios de prensa y que aún no fue notificado, pese a lo que, adelantó, la Municipalidad, tiene 30 días para apelar el fallo, considerando que con el mismo la justicia "avanza sobre decisiones políticas" y pone "palos en la rueda" en decisiones de gobierno que "generan mano de obra y un plan de inversiones que Bariloche no tiene hace años".