Pese a su molestia, parece decidido a remendar las cuentas en rojo con acreedores del Estado para que los dueños del dinero le vuelvan a prestar atención a la Argentina, aún si esos pasivos tienen dos décadas encima.

En la última semana del mes pasado los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Germán Garavano (Justicia) se comprometieron por escrito con un conjunto de empresas privadas comandadas por Techint (el grupo económico privado más grande del país, a cargo de Paolo Rocca ) a saldar una deuda de $1150 millones que tiene el Estado por la construcción del complejo penitenciario de Ezeiza. Allí están algunos de los presos célebres del kirchnerismo, como Lázaro Baéz, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y José López.

En otros términos: para embellecer al país frente a los inversores que busca convocar, Macri se hará cargo de un pasivo que contrajo su lejano antecesor Carlos Menem a fines de los años '90.

El derrotero de esa deuda funciona como un ayuda memoria para recordarle a los hombres de negocios por qué deben tener cuidado al momento de decidir poner dinero en la Argentina. La construcción de la cárcel se decidió en 1998, atravesó el tormentoso 2001 y se entregó poco después de la llegada de Néstor Kirchner al poder.

Veinte años después del inicio de la obra, las empresas cobrarán el 90% de la deuda en títulos del Estado (los denominados Bonos de la Nación Argentina en Pesos Badlar Privada + 200 pb Vencimiento 2022), para lo que hará una ampliación de la emisión que se hizo en marzo del año pasado.

La Casa Rosada considera que medidas de este tipo favorecerán la llegada de inversiones mediante proyectos de participación público-privada, una de sus grandes apuestas para hacer obras sin recargar el presupuesto nacional.

Ironías mediante, las obras quedaron presas de la ley de Emergencia Económica, que prohibió la indexación de contratos en monedas extranjera y pesificó los precios y tarifas con los que se manejaba la economía, algo que violentó los contratos firmados en la década anterior.

 El penal de Ezeiza se terminó en 2004, pero nunca se terminó de pagar El penal de Ezeiza se terminó en 2004, pero nunca se terminó de pagar Fuente: Archivo
La misma norma obligaba al Gobierno a renegociar los contratos rotos a través de la Uniren, un organismo que se hizo famoso en los primeros años del nuevo siglo. El kirchnerismo lo hizo, pero de manera muy parcial. Aunque se puso de acuerdo con muchas empresas de servicios públicos y contratistas del Estado, en la mayoría de los casos no terminó de estampar la firma final que le daba validez al proceso de renegociación y activaba los nuevos acuerdos.

Junto a Techint, las restantes integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que hizo el complejo penitenciario son Impregilo, una firma italiana que también participó en la construcción de Yacyretá y le hizo juicios al Estado, e Iglys.

El Ministerio de Justicia firmó la recepción definitiva de las obras en febrero de 2004, pero en enero de 2006 el Estado discontinuó el pago de los cánones en las condiciones acordadas.

Dos años más tarde, la UTE presentó una demanda arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para resolver el conflicto. Ahora, deberá darle de baja a ese reclamo porque el efectivo depósito de los bonos se encuentra condicionado a ese paso.

La UTE acordó el 18 de noviembre de 2011 con la Uniren un nuevo esquema de pago, pero nunca fue ratificado por el Ministerio de Justicia.

Ahora, la Casa Rosada quiere ponerle fin a las idas y vueltas. En febrero pasado el Gobierno y la UTE firmaron una Adenda al Entendimiento Contractual anterior y fijaron las condiciones para el pago de la deuda. Esas negociaciones fueron ratificadas por un decreto que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y de Garavano, cuyo equipo estuvo al frente de las negociaciones.

El penal de Ezeiza tiene 79.300 m2 construidos para albergar 1.620 internos. Está compuesto por 1800 celdas de 50m2 cada una con sanitario (6 pabellones de 300 celdas), sectores destinados a educación, recreación, religión y bienestar personal, además un pabellón con 120 plazas para enfermos mentales y un hospital; un módulo de enfermería, alimentación y estudios en común para los pabellones, sistema de seguridad de alta complejidad e informatización total y centralizada de sistemas CCTV y comunicación.