Tras la finalización de su mandato como diputada nacional del Partido GEN y luego de su experiencia como candidata del Frente UNA junto al renovador Sergio Massa, reapareció en la escena política la hoy "desocupada" Margarita Stolbizer. La Asociación Civil Bajo La Lupa, que preside la exlegisladora, presentó un relevamiento de las contrataciones de servicios de consultoría privada realizado por diversos organismos y Ministerios de la Administración Pública Nacional entre 2016 y 2017 en el que se detectó "sobreabundancia de estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente" y se advirtió "conflictos de interés en la contratación de empresas como así también incumplimientos en lo relativo a la normativa vigente".

El monto total por contrataciones de servicios de consultoría relevado es de $174.424.356 y en el informe se observa que se repiten en muchos casos las mismas empresas que eran contratadas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además "se advierte que los pliegos no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de millonarias contrataciones de servicios de consultoría". Y se informa que "se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas que las consultorías contratadas; por lo que dicha contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado".

Para la fundación que preside Stolbizer y coordina su asesora legal Silvina Martínez, se afirma que existe "incumplimiento respecto de las limitaciones que impone la normativa vigente en la materia, y/o la existencia de potenciales conflictos de intereses que afectan la transparencia que debe existir en el manejo de los recursos públicos".

El texto del documento -al que accedió Ámbito Financiero- asegura que "finalizada esta primera etapa, hemos dado inicio a la segunda fase del análisis, que consta del requerimiento a los diferentes organismos de la administración pública participantes de las contrataciones de la documentación pertinente elaborada por parte de las consultoras contratadas a los fines de evaluar el cumplimiento de los intervinientes de acuerdo a las condiciones de contratación como así también la utilidad del producto final para la Administración Publica".

Según Stolbizer, lo más importante es la observancia de la legislación vigente a la hora de efectuar este tipo de contrataciones, tal como establece la Ley N° 22.460 que regula la contratación de los servicios que prestan las consultoras privadas en los diferentes ámbitos de la administración pública nacional. "Se entiende por servicios de consultoría, toda prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos de nivel universitario, cumplidos bajo la forma de locación de obra intelectual o de servicios y realizada por firmas consultoras o consultores.

Los más gastadores

Si bien el Ministerio de Modernización es el que más consultoras contrató durante el período analizado, uno de los señalamientos más críticos se centra en una contratación efectuada por el Ministerio de la Producción. Se trata de Dialal SRL, empresa que efectuó una consultoría para el programa de mentores de emprendedores de la cartera que encabeza Francisco Cabrera. La firma aparece inscripta ante la AFIP como "servicio minorista de agencia de viajes", no encontrándose fundamento para la adjudicación de casi 50 millones de pesos. Cabrera también dispuso la contratación de la firma McKinsey Argentina SRL para elaborar una "estrategia de desarrollo sobre el sector de servicios" a la que le pagó casi veinte millones de pesos ($ 19.981.633). Además, encargó una consultoría para "la elaboración de un plan maestro destinado a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires con un diagnóstico de situación del organismo" a la firma Consultora de Estudios Bonaerenses S.A. a la que le abonó $5.700.000

Por su parte Ibarra le pagó $16.999.999,92 a la consultora Matrice Consulting SRL /Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL para que efectuar el "diagnóstico, planificación y seguimiento de proyectos que mejoren la eficiencia operativa y la experiencia ciudadana de los servicios públicos". También abonó $5.400.000 a PCG S.A. por una consultoría para asistencia técnica de la Subsecretaría de Relaciones Laborales". Y $3.150.000 a la firma TIARG S.A. para la "gestión de demanda desde los municipios hacia la Secretaría de País Digital". Además contrató a Marketing y Comunicación Política S.A. para el diseño de una propuesta de comunicación integral por un monto de $1.440.000. En tanto abonó casi trece millones de pesos a las consultoras PCG S.A. y Price Waterhouse & Co. para una consultoría destinada a "asistir en las iniciativas orientadas a fortalecer y reposicionar al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), como organismo referente e impulsor de la modernización del Estado."

El Ministerio de Energía también entra en el podio de los más gastadores. Con la firma de Juan José Aranguren, el relevamiento consigna una resolución para disponer la contratación de "un Servicio de Consultoría para la evaluación y el asesoramiento financiero integral para el diseño y la estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria de ENARSA en la empresa COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (CITELEC), controlante de TRANSENER, la mayor empresa de transporte de energía en alta tensión del país". Por esta labor abonó la friolera de $24.200.000.

Por último, el Ministerio de Turismo, a cargo del radical cordobés Gustavo Santos, contrató de modo directo a una "consultoría de turismo religioso" para una función de difícil justificación por un monto de $489.990 (más pasajes). Y le pagó $9.300.000 a la empresa Matrice Consulting SRL por el "mantenimiento correctivo, evolutivo y soporte del Sistema Informático del Programa Nacional de Turismo Interno".

Fuente Ámbito Financiero