Una de las consignas más repetidas por el presidente Mauricio Macri ya desde su campaña electoral fue la de encabezar un gobierno que tenga entre sus prioridades fundamentales la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, anoche en el ciclo periodístico semanal "1+1=3", que se emite por el canal de Crónica, se reveló que un alto funcionario de esta gestión, años atrás percibió una suma de dinero fruto de una operación inmobiliaria financiada con dinero de Amado Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez y conocido como "el Señor de los Cielos", en alusión a una enorme flota aérea que tenía para el transporte de la droga que vendía, la cual incluía hasta un Boeing 747 Jumbo.

El periodista Santiago Cúneo precisó que el funcionario en cuestión es el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Allá por fines de los años ‘90, De Andreis cobró un dinero luego de que la familia de su padrastro Juan Bordeau, ya fallecido, le vendió la estancia Rincón Grande -de más de 1.000 hectáreas- en una suma millonaria a Ángel Salvia, quien años más tarde se demostraría que era testaferro del poderoso narcotraficante mexicano.

De Andreis, junto con sus medio hermanas Patricia y Elena Bordeau, reinvirtieron el dinero que les tocó de esa venta en explotaciones agropecuarias e inversiones inmobiliarias. Tras el fallecimiento de Amado Carrillo Fuentes, ocurrido en 1997 en una supuesta cirugía de cambio de rostro, el Departamento de Aduana y Tesoro de los Estados Unidos estableció que la compra de esa estancia formaba parte de varias operaciones de lavado de dinero del cártel de Juárez en la Argentina.

Lo hizo gracias a que desde hacía años había infiltrado a agentes en la organización, los cuales pudieron hacer un seguimiento de cómo se movía el dinero. Esa maniobra fue bautizada como "Operación Casablanca". En noviembre de 1999, la embajada de México en la Argentina hizo la denuncia judicial y comenzó la investigación, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Paralelamente, otras denuncias determinaron que Salvia y Nicolás Di Tullio -otro testaferro- habían intentado quedarse con los bienes de sus mandantes. El caso tuvo repercusión en medios periodísticos. La causa avanzó hasta ser elevada a juicio oral y público.

Sin embargo, previamente el financista Aldo Ducler, encargado del movimiento de los fondos en cuestión, fue sobreseído en los primeros meses de la instrucción. Llamativamente, los seis imputados en la causa firmaron un juicio abreviado en el que se reconocieron culpables y la causa fue cerrada.

El reproche que le cabe a De Andreis es que, siendo alto funcionario de un gobierno que proclama la lucha contra el narcotráfico, nunca se supo que haya tenido intención de anular la venta de la estancia, la cual, cabe indicar, aún se encuentra embargada -como corresponde con todo bien que se adquiere con fondos ilícitos- y es administrada por la Corte Suprema de Justicia.