El presidente Mauricio Macri cumple este viernes sus primeros 100 días al frente del gobierno, los que se vieron marcados por decisiones de carácter estratégico tanto en el orden económico como en el político, dentro de un proyecto de país que se supo diferenciar sustancialmente del anterior modelo encarado por la gestión kirchnerista.
El primer gesto político de Macri, en línea con su mensaje de "diálogo" divulgado en la camapaña electoral, fue recibir, tras su asunción como presidente, a sus competidores en las elecciones, Daniel Scioli, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Sergio Massa (Nicolás del Caño del FIT declinó el convite), y lograr reunir a todos los gobernadores y al jefe de gobierno porteño en la residencia de Olivos.

La relación con los gobernadores fue uno de los ejes de la administración de Cambiemos, atravesada por la situación económica, el debate por la devolución de fondos coparticipables y la relación de fuerzas en el Congreso.

En el plano económico, una de las primeras medidas fue recibida con beneplácito por el sector exportador ya que por medio de un decreto se concretó la baja de las retenciones al sector agropecuario y a las economías regionales, y semanas después también se avanzó con la minería, actividad a la que también se la benefició con idéntica iniciativa.

A su vez, el ministerio de Economía anunció la unificación de los tipos de cambio y la liberación de la compra de dólares, terminando con el denominado 'cepo' cambiario; se declaró la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2017 y se anunciaron aumentos de tarifas del servicio eléctrico, que contemplan subas de acuerdo al consumo de cada cliente que podrían llegar al 500% según ejemplificó el ministro.

Otra medida central en la estrategia económica del Gobierno fue avanzar en las negociaciones con los fondos buitre y se envió al Congreso un proyecto de normalización de deuda para habilitar el pago a los holdouts y así salir del default, que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, se ampliaron las asignaciones familiares y se implementó la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 30.000 pesos a través de un DNU que no fue aprobado en la bicameral parlamentaria, y preanuncia un nuevo debate en el Congreso, aunque sigue vigente.