El presidente Alberto Fernández fue citado por el fiscal Miguel Moreno para que preste declaración en la causa que se sigue a fin de esclarecer si el default en el que cayó la Vicentín fue consecuencia de maniobras ilícitas llevadas adelante por lo directivos de la cerealera que perjudicaron a proveedores y entidades financieras.

Moreno inició la investigación a partir de una denuncia presentada a mediados de julio por el abogado penalista Gustavo Feldman en la que se alude a la presentación hecha por la empresa Cuatro Hojas en la Fiscalía Regional de Rosario y que, luego, fue remitida a Reconquista y de ahí pasó, en virtud de los delitos investigados, a la justicia federal.

Feldman señaló a La Capital que "el testimonio del presidente será crucial entonces para terminar de desentrañar uno de los aspectos sustanciales de todo plan estafatorio de Vicentín, la creación de “sellos” para facilitar la toma de deuda y de cereal sin pagarlo, sin intención de pagarlo nunca".

También destacó que la convocatoria al presidente es "una atribución exclusiva y excluyente del fiscal de la causa, que ha entendido que la medida resulta necesaria para corroborar ese extremo fáctico que puede abonar la imputación a realizar"

"Creemos fundadamente que la palabra presidencial corroborará lo que venimos sosteniendo desde hace meses en nuestra denuncia: lo de Vicentín no fue casual, no fue un descuido ni un infortunio", señaló el abogado y enfatizó: "Lo de Vicentín se trata de otra cosa, la fiscalía rosarina va en pos de averiguarlo".

Feldman apuntó contra el directorio de la firma agroexportadora santafesina. Su presentación pedía que se determine si hubo un "esquema defraudatorio a gran escala" y un plan de vaciamiento. En ese expediente, ingresó un pedido de inhibición general de bienes de las empresas, directores y ejecutivos del grupo.

En la denuncia, Feldman señala que la Inspección General de Personas Jurídicas, por medio de distintos escritos, le manifestó al juez del concurso de Vicentín, Fabián Lorenzini, que "se registraron como sociedades (creadas en 2014) tres entes denominados Vicentin Familia Grupo, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA e Industria Agroalimentaria Latam SA".

Por otra parte, plantea que "Vicentín Family Group controla a las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentín SAIC. Que varios directores de la compañía han realizado movimientos tendientes a la extracción de bienes de sus patrimonios y consecuente insolvencia”. Y agrega que “se llevaron a cabo actos concretos que evidencia una sistemática conducta delictual”.

Ante esta situación, Feldman elevó un pedido de inhibición general de bienes para los involucrados en la investigación judicial y que alcanza "no solo a las personas físicas relacionadas con Vicentín sino a todas aquellas sociedades conectadas directa o indirectamente con ésta o con accionistas de éstas".

En junio, Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la intervención del grupo cerealero y anticipó que remitiría al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra. Un mes y medio después dio marcha atrás a la decisión y anuló el decreto.