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POLITICA
20 de julio de 2020
Entre tantas modificaciones, la iniciativa propone eliminar las reelecciones indefinidas, las elecciones legislativas de medio término, el ejercicio vitalicio en la Justicia y manifiesta que la Corte tenga, como mínimo, 7 integrantes. También establece la laicidad del Estado e incorporar con rango constitucional al Concejo de la Magistratura, entre otros institutos.
Luego de una semana plagada de cruces entre el Gobierno y la oposición por las modificaciones de leyes que se relacionan a la Justicia, el oficialismo volverá a jugar fuerte a partir de hoy, cuando ingrese a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto, solicitando que se declare la necesidad de la reforma consitucional.
La iniciativa, que pertenece a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero, propone importantes reformas en el sistema político y el reconocimiento de nuevos derechos que, por “las transformaciones sociales” que se dieron en las últimas décadas, quedaron fuera de la reforma de 1988.
En los fundamentos del proyecto, Guerrero se dirige a la oposición y sostiene que “no podemos resignarnos, como comunidad, a emprender aquel desafío común de construir una Provincia más justa, profundamente equitativa, donde sean removidos definitivamente los privilegios que irritan y las prerrogativas que lesionan la igualdad que debe imperar entre los ciudadanos”.
En cuanto al funcionamiento del Estado, la iniciativa propone impregnarlo del principio de “Periodicidad de los Mandatos” para todos los cargos públicos, sean de naturaleza política o judicial, de los tres poderes del Estado, cualquiera sea su forma de elección o designación, “a fines de evitar que los funcionarios estatales, que deben ser servidores públicos, se sientan tentados por pretensiones hegemónicas o a perpetuaciones vitalicias en el desempeño de la función pública”.
En ese sentido, también propone la eliminación de las reelecciones indefinidas en todos los cargos electivos, tanto provinciales como municipales y ejecutivos como legislativos.
Y en el mismo orden de ideas, se propicia la fijación de períodos de mandato para los cargos de ministros de la Corte, procurador general, defensor general, jueces de Tribunales inferiores, miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa (órgano a crear en la Justicia) y demás funcionarios judiciales.
Poder Legislativo
En esta área, el proyecto propone una gran cantidad de reformas, entre las que se destaca la supresión de la renovación parcial de las Cámaras que integran el Poder Legislativo cada 2 años, para pasar a la renovación total de ambas cámaras cada cuatro años, y hacer coincidir la elección de legisladores con la de gobernador y vice. En este punto, también se establece una fecha única de comicios, que deberá coincidir con las elecciones nacionales.
La iniciativa también propicia la extensión del Período de Sesiones Ordinarias, para que comience a partir del 1° de febrero y finalice el 30 de noviembre de cada año. En la actualidad, el período ordinario inicia recién el primero de mayo.
Poder Ejecutivo
El proyecto propone establecer la sucesión directa del vicegobernador con relación al gobernador evitando, de este modo, que en los casos de acefalía del primer mandatario, por las causales previstas en la Constitución, se convoque nuevamente a comicios generales.
En sintonía con la Constitución nacional, Guerrero propicia que se incluya como atribución del gobernador la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, “previéndolos para etapas de receso legislativo, o aunque se encuentra funcionando la Legislatura, para los supuestos de fuerza mayor, emergencia pública y gravedad institucional. Todo ello sujeto a aprobación expresa o ficta del Poder Legislativo, o rechazo de los mismos”.
En lo concerniente a la atribución constitucional del Ejecutivo de nombrar los jueces previo acuerdo del Senado, se la limita, al establecer con jerarquía constitucional, y como órgano de asesoramiento del primer mandatario, al Consejo Consultivo de la Magistratura, “como institución que tendrá a su cargo la realización de concursos públicos de antecedentes y oposición entre los postulantes a ocupar cargos de magistrados y funcionarios en el Poder Judicial, y la elaboración de las ternas resultante del orden de mérito consiguiente”.
El proyecto también propicia la separación del Estado de la Iglesia, sentando el principio de laicidad y eliminando el requisito de profesar la religión católica para poder ser gobernador.
Poder Judicial
Entre las diversas modificaciones que se proponen en la Justicia, se encuentra la de establecer en siete la cantidad mínima de integrantes de la Corte de Justicia, estableciendo el funcionamiento por salas.
Además, propone introducir con rango constitucional la prohibición del ejercicio vitalicio de todos los cargos de magistrados y funcionarios judiciales y miembros del Ministerio Público y de la Defensa. Para mantenerse en los cargos deberán someterse a procedimientos de concursos públicos de antecedentes y oposición y aprobar examen de aptitud psicológica.
Entre otras de las novedades, propone el establecimiento del juicio por jurados en determinadas causas criminales.
Por otra parte, propone dar rango constitucional al Defensor del Pueblo, la Oficina Anticorrupción y la creación del “MECANISMO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, en lugares de detención o de alojamiento de personas”.