Con 49 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, la Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

El proyecto de ley para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de más de 40 diputados, de un total de 60.

El protocolo nacional al que adhirió la Ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. El mismo se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la Legislatura porteña: Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.

Por los protocolos establecidos en medio de la pandemia de coronavirus, la sesión se realizó con modalidad mixta, es decir con algunos diputados presentes y otros que participaron de manera remota.

La diputada de UCR-Evolución Patricia Vischi , quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la comisión de Salud de la Legislatura, destacó el apoyo “transversal de todas las fuerzas políticas” y sostuvo que “la adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres”.

A su vez, la legisladora por el Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, expresó: “La pandemia vino a recrudecer la situación de violencia hacia las mujeres: tanto en relación a los femicidios como en cuanto a la clandestinidad en relación al derecho al aborto”.

También participó del debate Ofelia Fernández (FdT), quien afirmó que “en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y parir”, y agregó que“la ILE ya es un derecho y este protocolo viene a terminar con las restricciones” que impiden acceder a esta práctica.

Sin embargo, la postura de  de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión, se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien decidió referirse a si mismo como “el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste”.

“¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo”, sostuvo.

De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años “se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección“. En el caso que se trate de niñas menores de 13 años “podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado”.

Al respecto, Manuela Thourte (UCR-Evolución), apuntó que “el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son por parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres“.

Lucía Romano (VJ), por su parte, mencionó que en el caso de los embarazos que son resultado de una violación, para acceder a la ILE “no hace falta hacer denuncia penal, alcanza con una declaración jurada“.

Y, respecto a las adolescentes de entre 13 y 16 años, Romano mencionó que el Código Civil de la Nación, reformado en 2015, “reconoce su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo”.

Además, el acceso a la ILE “implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la persona titular del derecho”, a quien “el equipo de salud debe brindarle la información necesaria, en lenguaje claro, no sesgada y accesible“.

El resultado de ese “proceso de consentimiento informado -agrega- es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos”.