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16 de junio de 2020

Máximo Kirchner distribuyó a sus diputados un instructivo con argumentos para defender la estatización de Vicentín

El Frente de Todos describió la administración privada de Vicentin como "horrible" y aseguró que los empresarios "chocaron una empresa de porte en un negocio estratégico para la Nación luego de cuatro años de recibir beneficios por parte del Estado"

El Frente de Todos ya prepara a sus legisladores para hacer frente en el Congreso a la resistencia que generó la intervención y posible expropiación de la empresa Vicentin. De hecho, el propio Máximo Kirchner difundió un instructivo para defender la decisión del presidente Alberto Fernández en el Congreso.

De acuerdo a lo informado por La Nación, los legisladores kirchneristas recibieron un documento de 39 páginas con argumentos legales y financieros (y las infaltables críticas a la gestión de Mauricio Macri) para interiorizarse al detalle sobre la iniciativa oficial para que el Estado se quede con la empresa y no caiga en “manos extranjeras”, como reveló Fernández ayer.

El documento se difundió en momentos en los que el oficialismo busca conseguir la mayoría parlamentaria para avanzar en la expropiación. El kirchnerismo necesitaría una decena de votos extrapartidarios para alcanzar el quórum. El proyecto de ley todavía no se presentó.

“Su convocatoria a concurso y la posibilidad de que las modificaciones en su propiedad desemboquen en una mayor concentración y extranjerización del estratégico negocio de producción y exportación agroalimentaria en la Argentina eran ciertas (…). Garantizar el recupero de las deudas de la empresa con el sector público y evitar una mayor concentración del mercado agroexportador son razones suficientes para que el Estado Nacional intervenga de manera activa en el gerenciamiento y administración de la empresa Vicentín S.A.I.C.”, dice el instructivo al comienzo, antes de detallar cuestiones jurídicas.

Con críticas al macrismo como responsable de una “parábola trágica” y por manifestarse “lejos del interés nacional” ; el documento agrega: “Lo que se expuso fue una visión conceptual coincidente entre la gestión de esta empresa y los principios del macrismo como proyecto político y económico para la Argentina, una verdadera simbiosis que llevó a esta empresa a endeudarse en dólares, a esconder la información de sus balances y a no poder hacerse cargo de sus responsabilidades corrientes”.

El extenso instructivo, que asegura que la administración privada de Vicentin se manejó con “comportamientos imposibles de explicar con criterios de responsabilidad”, también brinda detalles sobre cómo podría concretarse la indemnización a los actuales dueños de la empresa si resulta expropiada y advierte limitaciones a ese pago.

“La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses”, dice.

En el apartado financiero, el documento señala que el pasivo de la empresa alcanza los 99.345,2 millones de pesos y enumera los acreedores: 1895 personas físicas y jurídicas por compra de granos, 585 personas físicas y jurídicas por bienes y servicios, 37 entidades financieras y 19 organismos fiscales y aduaneros. “Un 64% de la deuda (63.961,5 millones de pesos) es con bancos y distintas entidades que le otorgaron préstamos”, asegura el Frente de Todos. El mayor de esos acreedores es el Banco Nación, al que le debe 18.162,3 millones de pesos. “El 38,8% de los créditos otorgados por el Banco Nación a Vicentín fueron aprobados en noviembre del 2019, el último mes completo del mandato de Mauricio Macri”, agrega.

En el informe el kirchnerismo describe en un apartado el tratamiento mediático sobre el anuncio de expropiación y cuestiona a la oposición. Sobre todo subraya las opiniones de los opositores Pablo Torello, Ricardo Buryaille, Alfredo De Angelis, Mario Negri, Fernando Iglesias, Cristian Ritondo, Waldo Wolff , entre otros. También enumera a periodistas y al sector empresario que se opuso a la iniciativa, como los miembros del a Mesa de Enlace, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la junta Directiva de la UIA y la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Hacia el final, el instructivo muestra en un apartado los resultados de un sondeo de opinión pública propio, que indica que una mayoría del 85,2% de los encuestados considera necesaria la intervención del Estado en la economía.

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