Los tres principales grupos de acreedores con bonos de deuda externa argentina rechazaron este lunes la oferta para reestructurar los pagos hecha por el gobierno de Alberto Fernández, mientras el país sudamericano se encuentra con una fuerte crisis económica agravada por la paralización de la actividad en medio de la emergencia sanitaria. 

Entre sus principales puntos, la propuesta de la administración peronista plantea una reducción en la carga de intereses del 62 % y estirar las devoluciones hasta el 2023. Sin embargo, el ofrecimiento recibió la negativa del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina, al considerar que habría "pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", se lee en el comunicado.

Tras el contrapunto, resaltaron que están dispuestos a continuar negociando con las autoridades nacionales, pero no en esos términos. Así, la contestación pública llega a pocos días de que venza el plazo estipulado por el Ministerio de Economía, que fijó el viernes 8 de mayo como fecha límite para responder. No obstante, el diálogo podría continuar unos días más. 

Hay tiempo hasta el 22 de mayo para evitar el 'default' 

Argentina decidió incumplir con el pago de 500 millones de dólares correspondientes a intereses acumulados en tres bonos, que vencían el 22 de abril. A partir de ahí, comenzó a regir el período de gracia de 30 días para evitar el 'default' técnico, es decir, una nueva prórroga para cumplir con los acreedores. 

Por ello, se estipula que más allá del 8 de mayo, habría tiempo hasta el 22 para seguir negociando, aunque el tiempo es poco y las urgencias son muchas. La gran pregunta es si Argentina realizará el pago a último momento para evitar consecuencias mayores, o si se mantiene firme en su postura. RT consultó al Ministerio sobre este punto, pero desde la cartera económica se sostiene el hermetismo.

Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había dicho públicamente que no se podrán afrontar los pagos con los bonistas ni tampoco la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 45.000 millones de dólares, al menos hasta 2023.

En un reciente artículo publicado en Financial Times, el funcionario se refirió a la negociación de 66.000 millones de dólares con prestamistas internacionales: "Es también en beneficio de los acreedores que evitemos volver a las dinámicas destructivas del pasado de hacer promesas imposibles de cumplir y de padecer crisis tras crisis. Ya no hay lugar para las ilusiones".

De hecho, el propio Guzmán señaló que Argentina ya estaba en un "virtual 'default'", al considerar que más allá de vencimientos, la nación del Cono Sur no está en condiciones de atender sus compromisos financieros. Y a nivel discursivo, el Ejecutivo siempre expresó que prioriza la asistencia social antes que el pago de la deuda. 

La importancia de la deuda externa 

La deuda argentina se puede dividir en dos grupos: interna, emitida bajo legislación nacional, y externa, que rige con la ley internacional. Para explicarlo de modo sencillo, los compromisos locales son más fáciles de manejar para el gobierno, ya que emite sus propias reglas. 

En efecto, durante la gestión de Mauricio Macri, en medio de una delicada situación económica, se emitió un decreto por el cual se suspendía el pago a los bonistas de deuda local. Aquella política, llamada "reperfilamiento" por las autoridades para evitar usar la palabra 'default', dio que hablar durante varias semanas. Así, tras el cambio de presidente en diciembre, Fernández tomó la misma determinación, y decidió incumplir con los pagos que rigen bajo ley nacional, extendiendo la suspensión. 

El ministro de economía de Argentina, Martin Guzmán, habla en el Congreso el 12 de febrero de 2020.Agustin Marcarian / Reuters

En cambio, las devoluciones de deuda externa no podrían simplemente suspenderse sin esperar algún tipo de implicancias. Sucede que, en caso de incumplimiento, los acreedores pueden reclamar en tribunales internacionales, exigiendo sumas mayores a la deuda original. Por esta metodología, de litigar contra naciones en malas condiciones económicas, muchos llaman 'fondos buitre' a los bonistas demandantes.

Sin ir más lejos, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se logró renegociar la deuda externa con más del 92 % de los acreedores, pero los bonistas restantes iniciaron acciones legales: el juez Thomas Griesa falló a favor de los demandantes y la resolución emitida en Nueva York (EE.UU.) quedó firme en 2014. Con la asunción de Macri a la Presidencia en 2015, el año siguiente Argentina pagó 9.300 millones de dólares a esos litigantes, un monto muy superior a la deuda inicial. 

Entre las particularidades del conflicto, al país sudamericano le embargaron en 2012 su barco Fragata Libertad en Ghana, a pedido del Grupo NML Capital —de Paul Singer—, con sede en las Islas Caimán. Se trataba de una medida de gran valor simbólico, que irritó al Gobierno de Argentina, por considerar que se violaba el derecho internacional. Dennis Hranitzky, el abogado que propuso el embargo, forma parte del equipo de letrados que asesora actualmente a los bonistas en disputa. 

La urgencia económica, social y sanitaria de Argentina

El país latinoamericano ya atravesaba un contexto delicado antes de la aparición del coronavirus. Según el Índice Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el segundo semestre del 2019 arrojó un 35,5 % de personas pobres, al finalizar el primer Gobierno de Macri. Al cuarto trimestre del año pasado, la desocupación era del 8,9 %, y todo empeoró con el estado de cuarentena obligatoria, dispuesto para evitar la propagación de la pandemia.

Sobre el aspecto sanitario, el Ministerio de Salud reportó en la mañana del lunes 4.783 casos confirmados de covid-19 y 249 fallecimientos.