La emergencia alimentaria que se busca activar hasta fines de 2022 ya tiene los votos en Diputados y un guiño del Senado, tras el acuerdo de las últimas horas entre el presidente de la Cámara baja y peronista con témpera -ahora acuarela- PRO, Emilio Monzó; el jefe del kirchnerismo, Agustín Rossi; y el líder del interbloque Cambiemos, Mario Negri.

En paralelo, el cristinismo y el PJ -que responde a Alberto Fernández- en el Senado confirmaron a Ámbito que aceptarán “rápido” lo que aterrice desde Diputados. Sin embargo, en el justicialismo están molestos con la “pésima estrategia” que adoptaron sectores de la oposición con respecto a este tema. Hay coincidencia entre el oficialismo y bancadas antimacristas por el “apriete” piquetero, representado en gran parte por el Movimiento Evita y la terminal papal de los “movimientos sociales”, Juan Grabois.

“Se podían haber realizado otros mecanismos a través de la Jefatura de Gabinete y evitábamos todo este lío en el Congreso. Estábamos todos contentos con los recintos cerrados. Ahora no queremos que se nos vaya la mano con este tema y vamos a tratar de debatirlo lo más rápido que podamos en ambas cámaras para no matarnos”, señaló un encumbrado legislador de la oposición a este diario.

Detrás del enojo en oficialistas, peronistas y algunos kirchneristas de Diputados y del Senado aparece la puja de poder y fondos que los piqueteros quieren marcar, tal como contó Ámbito. El mazazo fiscal que involucra la jugada deberá ser solventado, en gran medida, por el ticket que venza en las próximas elecciones presidenciales, es decir, una gestión que estará atragantada por el poco margen que habrá para rifar partidas.

El proyecto “unificado” plantea que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y disponer un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. El plumeo del texto quedó en manos del Movimiento Evita.

Además, se dispone un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. Desde el año próximo, el jefe de Gabinete estará facultado para “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el INDEC”.

La discusión pasa ahora por los datos que ofreció, de manera ágil, la Oficina de Presupuesto del Congreso, en cuanto a si para el vigente año corresponde un aumento de $4.000 millones u $8.000 millones. Es por ello que el oficialismo aún duda si apoyar en general la iniciativa y debatir ese artículo en particular, o si decide acompañar sin extender la discusión. Para el  oficialismo, lo importante ahora es no tocar la meta fiscal y se basarán en otro artículo del “proyecto unificado”, que faculta al Ejecutivo a reestructuraciones presupuestarias, es decir, sacar de un lado para cubrir el hueco “alimentario”. (Fuente Ambito)