El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, dará un nuevo paso en sus señales de respaldo a los miembros de las fuerzas de seguridad. A partir de hoy, el Ministerio de Seguridad pondrá en marcha la Unidad de Garantía de Derechos Humanos para asistir a los efectivos policiales y de seguridad federales.

Será otro eslabón en la "reivindicación" de los miembros de las fuerzas de seguridad tras la implementación del nuevo protocolo que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto y la implementación de las Taser, pistolas de descarga eléctrica.

"Los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas. Debían ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, algo que son, pero no eran concebidas como sujetos de este derecho", dijo a La Nación Patricia Bullrich.

Desde Seguridad también aclararon que no se trata "bajo ningún punto de vista de una revancha", sino que la meta es igualar derechos y "poner la prioridad en la víctima y no en el victimario".

Pese a esto, fuentes oficiales reconocieron que la nueva unidad generará el rechazo de las organizaciones de derechos humanos.

"Hoy con uniforme no hay derechos humanos. No restringimos nada, estamos dando un paso para completar la acción de los derechos humanos en la Argentina", explicó Daniel Barberis, director de Violencia Institucional de Seguridad.

En campaña
A medida que avanza el cronograma electoral, el Gobierno potencia la figura de Bullrich. Con la lucha contra el narcotráfico como principal bandera, la seguridad se transformó en uno de los ejes discursivos de la Casa Rosada. Es uno de los antídotos que utiliza el presidente Mauricio Macri para intentar morigerar los impactos de la crisis económica.

Se trata de un nuevo "concepto inclusivo", aseguró Bullrich. Y agregó: "Es una concepción que integra un derecho a un colectivo que estaba excluido" de ese derecho.

El Ministerio de Seguridad trabajó en la puesta en marcha de la unidad con la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera Claudio Avruj. "Está bien la decisión. Está enmarcado en el plan nacional de derechos humanos", describió el secretario.

La nueva unidad buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales que sufran maltrato.

Hubo dos casos que terminaron por decidir a Bullrich en la implementación del área: la agresión que sufrió un prefecto en un colectivo, imagen que se viralizó por las redes sociales, y los escraches de los que fueron víctimas hijos y familiares de los gendarmes involucrados en el caso Maldonado.

La unidad tiene como objetivo "lograr una acción reparadora de los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, ya sea por otros miembros de las fuerzas o bien por ciudadanos"

No se trata de una reparación económica, sino del respaldo institucional frente a los daños causados por agravios, ya sea por otros miembros de las fuerzas de seguridad o por ciudadanos. "Tienen que saber que estamos con ellos. Estamos convencidos de que los derechos humanos tienen que ser integradores", describieron fuentes oficiales.

El área tendrá la obligación, ante una denuncia, de "relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la normativa relativa a la protección de los derechos humanos de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales".

Además, según la normativa que hoy se publica en el Boletín Oficial, el objetivo de la unidad es "contribuir con acciones e iniciativas que persigan el objetivo de ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales".

Y también "fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los derechos humanos a través de la formación, promoción y difusión de los derechos humanos en las distintas etapas de formación y capacitación de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales, coordinando estas acciones con las áreas competentes del Ministerio".

Además, impulsará programas de acción con el objeto de realizar estudios, investigaciones y relevamientos sobre conculcación, privación o restricción de derechos humanos de los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales.

"No es contra nadie. Lo que buscamos es mejorar la relación de las fuerzas de seguridad con sus autoridades y la sociedad", explicaron desde el ministerio de Bullrich.

Según Avruj, la nueva área servirá para profundizar en las fuerzas de seguridad la mirada sobre los derechos humanos y permitirá, entre otras cuestiones, poner fin a las "persecuciones" dentro de las fuerzas de seguridad federales.

El Gobierno reconoce que el tema podría generar un fuerte rechazo de las organizaciones de derechos humanos, en particular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, y de la asociación Madres de Plaza de Mayo, entre otras.

"No debería generar problemas", se atajó uno de los funcionarios que trabajaron en la creación de la nueva unidad. Pero, por las dudas, fuentes oficiales ya se anticiparon: "Estamos en campaña y van a usar todo".

Las misiones de la nueva oficina
- Relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la protección de los derechos humanos de los efectivos.

- Generar acciones que amplíen la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos.

-Contribuir a fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los derechos humanos a través de la formación, promoción y difusión de los derechos humanos en las distintas etapas de formación y capacitación de los miembros de las fuerzas.