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POLITICA
14 de marzo de 2018
Legisladores y dirigentes del espacio que conduce Sergio Massa se expresaron en contra de la medida en estudio.
Tras la reciente difusión de un listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con 1.400 presos que estarían en condiciones de acceder a la libertad condicional o prisión domiciliaria, legisladores y referentes del Frente Renovador expresaron su rechazo y su preocupación a la medida y solicitaron el tratamiento del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal presentado por el FR.
"Con el Código Penal propuesto por Sergio Massa, el cumplimiento de condena efectiva sería una realidad", aseguraron.
Algunos de los presos que figuran en la lista son los represores Jorge “Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, el violador y abusador de menores Jorge Corsi, el asesino Guillermo Fernández Laborda del Clan Puccio, y el asesino de Nadia Arrieta en Villa Tesei, Néstor Montiel, entre otros.
En conferencia de prensa, los legisladores y referentes en Seguridad del espacio que lidera Sergio Massa criticaron la decisión del Poder Ejecutivo de liberar violadores, represores y narcotraficantes por "superpoblación de cárceles".
Graciela Camaño, presidenta del bloque de diputados nacionales del FR, sostuvo: "Hay un tema dando vueltas que no termina de conocerse en forma acabada, una lista de 1400 personas que, a criterio del Poder Ejecutivo, están en condiciones de recibir el beneficio de Libertad Condicional. Ahora, si el criterio es que efectivamente haya justicia en la Argentina y que el que las hace, las pague, tenemos que denunciar está práctica. La libertad condicional no puede ser otorgada de forma arbitraria. Si el problema es la 'superpoblación de cárceles', que construyan nuevas. Pero la solución del Poder Ejecutivo es liberar presos porque sí".
"Hay un Código Penal que se dice que se va a cambiar, pero sin decir cómo. No hay ningún motivo para que el Código Penal no se discuta. No puede ser que el Poder Ejecutivo nos obture la labor parlamentaria con la creación de comisiones. Armar comisiones en el Poder Ejecutivo para que en el Poder Legislativo no se puedan tratar ni debatir los temas sensibles para la sociedad, es antidemocrático y antirepublicano. La seguridad ciudadana es para nosotros un tema muy importante, ha marcado la agenda política de siempre de Sergio Massa", continuó Camaño.
Por su parte, el diputado Solá manifestó: "Es cierto que el narcotráfico es uno de los temas más sensibles de la inseguridad, pero en la Sedronar no hay ni equipamiento ni capacidad para hacerle frente al aumento impresionante del narcotráfico en estos años. La lucha contra el narcotráfico se enfoca en las fronteras, pero el paco en los barrios, sigue siendo el paco en los barrios. Respecto a la reincidencia, proponemos que el Estado, en lugar de liberar de manera discriminada delincuentes, haga un análisis exhaustivo de cada caso. Si el Gobierno se endeudó en millones de dólares en este tiempo, debe tener presupuesto para construir cárceles".
En la misma línea, Diego Gorgal, especialista en Seguridad del FR, expresó: "Vemos con profundo pesar este gradualismo que en materia de seguridad y sistema penitenciario está teniendo el Gobierno. La propuesta de liberación de represores evidencia la decisión deliberada del Gobierno de poner en libertad delincuentes sin pensar en las víctimas ni en los millones de argentinos. El Gobierno está en campaña, pero tiene que gobernar, y eso se concibe con decisiones, no con marketing. Acá lo que está en juego es el derecho a la seguridad en libertad que tenemos los argentinos que no cometemos delitos".
En 2015, bajo el lema "un Código Penal justo, que le devuelva la seguridad y la tranquilidad a la gente", el Frente Renovador presentó su proyecto de reforma. Entre las principales propuestas, se destacan: tipificación del delito de corrupción e imprescriptibilidad; la Ley de Extinción de Dominio (que los culpables de delitos de corrupción devuelvan al Estado el dinero obtenido por enriquecimiento ilícito); cadena perpetua para narcotraficantes y violadores; respaldo a la víctima (que el Estado acompañe a las víctimas de delitos, durante el proceso judicial) y el cumplimiento de condena efectiva (eliminar beneficios y/o disminución de penas).