El juez federal Ariel Lijo exigió conocer la situación bancaria de empresas del Grupo Macri y del Correo Argentino, en el marco de la causa penal en la que se investiga si hubo delito en el acuerdo que esa compañía postal suscribió con el Estado nacional por la deuda contraída en la etapa de su concesión a una firma de la familia del actual Presidente. Están imputados el propio Mauricio Macri; el entonces ministro de Comunicaciones (actual de Defensa), Oscar Aguad, y su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros.

Según el juez, en junio pasado, cuando se libraron órdenes de presentación a las firmas Sideco Americana y Socma, las respuestas de estas "resultaron ser insuficientes". Por esa razón, Lijo envió oficios a las firmas de la familia Macri y al reestatizado Correo Argentino, para que remitan los libros societarios desde el 2001 hasta la actualidad. La firma del convenio ahora investigado desató uno de los primeros escándalos de la gestión de Macri, por la sospecha de que habría favorecido a la empresa de su familia respecto de la deuda que la misma tenía con el Estado, que le había otorgado la explotación del servicio postal.

Fuentes judiciales hicieron trascender que el juez, de acuerdo con el requerimiento del fiscal Juan Pedro Zoni, solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe sobre la situación bancaria de las empresas Sideco Americana SA, Socma Americana, Neficor Argentina y Correo Argentino. Además ordenó librar oficios a los juzgados del fuero federal para que informen si tramita o tramitó alguna causa por la emisión de un supuesto documento por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Aerolíneas Argentinas, en el cual se le habría perdonado una deuda de medio millón de pesos a la empresa Correo Argentino.

En junio del año último, el Grupo Macri propuso al Estado pagar la deuda en cuotas a partir del primer año después de homologado el acuerdo. Lo cuestionable sería que la deuda se calculó a valor nominal, con lo que se obvió su actualización por inflación.

Según el cronograma de pagos, la deuda de 300 millones de pesos se terminaría de pagar en 2033, a razón de una cuota por año. Ese fue el punto sobre el cual la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquín centró su dictamen acusatorio. Según el cálculo que hizo Boquín, si se actualizase el monto a una tasa activa del Banco Nación o por cotización del dólar, la deuda no sería de 300, sino de casi 4.700 millones de pesos.