La detenida jefa de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, sostuvo hoy que vive una “persecución política” y que “ya está condenada”, y advirtió que “en estos días van a tener noticias mías” y que “después no vayan a llorarme al cajón”, al hablar hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Jujuy.
El tribunal dictará el próximo jueves el veredicto por supuestas amenazas a policías en 2014.

Se trata del segundo proceso oral y público en su contra, luego de que en diciembre del año pasado fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el escrache realizado al entonces senador y hoy gobernador de la provincia, Gerardo Morales.
"Con respeto lo digo: esto es una payasada”, dijo Sala dirigiéndose al Tribunal, y agregó: “Se nota a leguas que es una persecución política”.

Luego de que se registraran momentos de tensión durante la audiencia, signada por planteos y oposiciones de parte de su defensa, Sala indicó también que “hacen lo que quieren conmigo”, y entonces advirtió: “En estos días van a tener noticias mías, después no vayan a llorarme al cajón”.
Durante su detención en el penal de Alto Comedero, en febrero de este año, Sala protagonizó un confuso episodio en el que se habría provocado una lesión en el abdomen horas antes de ser trasladada a los tribunales jujeños para ser interrogada.

En la audiencia, Ruben Vásquez, uno de los policías que recibió las supuestas amenazas ratificó la existencia de un llamado telefónico de Sala, e indicó que en ese llamado le dirigió “insultos”, que le dijo que eran unos “incompetentes” y que “iba a poner una bomba”.
"En el momento no lo tomé a pecho pero, por recaudo, permanecimos en la dependencia policial”, explicó Vásquez, para luego relatar que, cerca de la medianoche, la jefa de la seccional, quien también denunció amedrentramiento, llamó para decir a su vez que la habían amenazado y preguntar si alguien había dado su teléfono personal.

En el mismo sentido declararon Jorge Velázquez y Marcelo Salazar, efectivos que se encontraban esa noche de servicio en la seccional, quienes aseguraron que no advirtieron la amenaza más allá de los comentarios que escucharon, en uno de los casos recién al otro día.
Las últimas dos testigos fueron María Vargas, víctima del episodio por el que Sala había decidido llamar a la seccional y María Molina, madre de Vargas, quien relató encontrarse con Sala en Buenos Aires cuando le pidió que intercediera por la situación que estaba atravesado su hija.

"No creí que fueran a inventar amenazas, yo estuve con Milagro y no escuché nada de eso", aseguró Molina, al contar que se encontraba junto a Sala cuando se produjo el llamado.
La causa se originó cuando Vargas fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto en el que estaban vendiendo ropa que le habían robado a su madre en su casa.

La vendedora fue detenida, Vargas quedó demorada y la policía secuestró las prendas de vestir, en razón de lo cual su madre, María Molina, le pidió ayuda a la dirigente. Sala habría llamado entonces para reclamar que se devolviera lo decomisado, en una llamada caracterizada por los denunciantes como una amenaza.

El debate oral, que comenzó ayer y está a cargo de los jueces Antonio Llermanos, Luís Kamada y Mario Puig, se desarrolla mientras el Estado argentino debe resolver una medida provisional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sala, en la que se indica que se debe sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario.