El mecanismo de participación ciudadana es una práctica implementada desde hace cuatro años por las actuales autoridades mineras provinciales. Existe legislación nacional al respecto, a las que la Provincia adhirió y a través de las cuales constituyó a la Secretaría de Estado de Minería como autoridad de aplicación en la materia.

Así, las leyes nacionales N° 25.675 (ley General del Ambiente) y 24.585 (de Protección Ambiental para la Actividad Minera incorporada al Código de Minería de la Nación), regulan la participación ciudadana estableciendo mecanismos al respecto y teniendo en cuenta este marco legal, la Provincia a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) instituyó Programas de Participación Ciudadana e Implementación de Consultas Públicas, entre otras modalidades. Estos implican fiscalización y monitoreos ambientales comunitarios participativos, consulta pública, mesas de diálogo, formación de inspectores ambientales en monitoreo de agua, capacitaciones y talleres participativos y campañas de divulgación durante las diferentes etapas de la actividad minera (prospección, exploración, explotación) y para toda la actividad minera en general, (a gran, mediana y pequeña escala, sin ningún tipo de distinción) que se realiza en la provincia.

En todos estos procesos, el Estado pone a disposición de las comunidades información sobre las actividades mineras proyectadas o en ejecución para dar a conocer y canalizar las opiniones, percepciones, observaciones y aportes sobre la actividad minera que se desarrolla o se desarrollará para luego ser evaluadas he incorporadas en los informes de impacto ambiental (IIA) o las declaraciones de impacto ambiental (DIA).

Agilizar los procesos

Ante las distintas consultas públicas desarrolladas, el organismo minero debía realizar procesos administrativos para cada caso lo que hacía burocrático estos pasos, por ello la SEM con la intención de agilizar la participación emitió la resolución 330/16 en la que se aprueba la implementación de la participación ciudadana bajo las distintas modalidades.

Un claro ejemplo puntual de esta participación ciudadana, se dio en 2014, cuando se rectificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Minera Alumbrera para incluir al proyecto Bajo el Durazno. Luego de las consultas públicas, se dejó en los Centros de Control Minera Ambiental copias del IIA para que los interesados y la ciudadanía en general opinen al respecto. Los requerimientos surgidos de este proceso participativo fueron incorporados en la evaluación final, previa a la rectificación de la DIA. También se desarrollaron consultas públicas por distintos proyectos en Antogasta de la Sierra, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Santa María y Belén, entre otras localidades.

Apertura ciudadana a través Centros de Control Minero-Ambiental

La DiPGAM implementa permanentes programas de divulgación a través de sus sedes denominados CENTROS DE CONTROL MINERO AMBIENTAL (CCMA) creados por Estado como una política pública en el área de influencia de los proyectos mineros: Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta y Antofagasta de las Sierra. Estos centros, entre otras cosas, funcionan de nexo entre el Estado y las comunidades; permiten difundir la información de las distintas actividades mineras de la provincia y la gestión ambiental que se realiza. Lo CCMA, experiencia que también es pionera Catamarca, permiten la apertura entre la ciudadanía y el Estado para conocer cualquier inquietud que genera la actividad minera en general.

Documentación pública

Toda documentación que es evaluada en materia ambiental por el organismo minero tiene carácter público, por lo que está a disposición de la comunidad en general. En síntesis, esta apertura en materia de participación ciudadana, consultas públicas por temas ambientales, el acceso a expedientes a cualquier ciudadano, sean referidos a lo ambiental o no, se basó en el objetivo de las nuevas modalidades de transparencia de las políticas públicas que se implementan en el organismo minero.