“Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario consecuencia de esta audiencia pública los primeros días de octubre y, obviamente, antes de hacerlo vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos”, destacó Aranguren durante una conferencia de prensa, al término de la tercera jornada de Audiencia desarrollada en la Usina del Arte, en el porteño barrio de La Boca.

Aranguren cumplió este domingo el mandato de la Corte al finalizar la Audiencia Pública nacional sobre el aumento de la tarifa de gas y, tras analizar las exposiciones que se desplegaron en tres jornadas, dará a conocer en los primeros días de octubre el nuevo cuadro tarifario para el consumo de gas.

El ministro, que estuvo presente durante la audiencia pública nacional durante las tres jornadas (viernes, sábado y domingo), destacó que “con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un informe, para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y, una vez producido ese informe, dentro de los 30 días, tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública”.

“Todo lo que se ha hablado se va a considerar, no solamente del sector residencial sino también del sector comercial y el acceso de gas natural para pymes y gas natural comprimido, lo tendremos en cuenta para la definición de los cuadros finales que van a estar en los primeros días de octubre”, definió Aranguren.

El ministro explicó que la propuesta original apunta a una suba promedio será del 203%, lo que arroja para el 56% de los consumos residenciales un valor de $ 106 por mes, antes de impuestos.

A lo largo de los tres días de Audiencia Pública “no hemos visto muchas opiniones en contra con respecto (al aumento para) el sector residencial en función de que nosotros hemos mostrado una realidad, que es que aquel 40% que no tiene acceso a la red, en vez de estar pagando $ 106 pesos, paga $ 300 por mes”, para adquirir una garrafa.

Aranguren ratificó el compromiso expresado por el Gobierno de “continuar por un sendero que permita ir de a poco reduciendo la diferencia entre costos y tarifa y tener en cuenta también que la necesidad de ese gradualismo que estamos implementando sea en función de poder dar energía a todos los argentinos”.

Consultado sobre la situación de los clubes de barrio, que también piden una tarifa diferencial, Aranguren recodó que “faltan reglamentar dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado”, la Ley de Entidades de Bien Público y la de Clubes de Barrio, “y como parte de haberlos escuchados en estas audiencias, vamos a estar reglamentando ambas leyes”.

Al ser consultado sobre las quejas de las organizaciones de defensa de los consumidores, sobre las dificultades para aplicar la “Tarifa Social”, Aranguren adelantó que este martes “nos estamos reuniendo, para asegurarnos de que (este beneficio) llegue a todos los que lo necesitan y no a los que no los necesitan, porque es la manera de poder ir administrando los recursos de la mejor manera posible”.

El ministro destacó que “otra realidad” a tener en cuenta es la de las pequeñas y medianas empresas, “que si bien no fue el motivo del fallo de la Corte Suprema, nosotros reconocemos que hay casos en los cuales tenemos que reformular las decisiones que hemos tomado, sobre la base de las presentaciones que han hecho CAME y otras asociaciones de pymes”.

Tras la audiencia pública, el ex secretario de Energía, Emilio Apud, ponderó el funcionamiento a pleno de las instituciones democráticas y la toma de conciencia por parte de la gente de que “la energía cuesta” y que hay que pagar tarifas acordes, sobre todo aquellos que más tienen.

Consultado por Télam, Apud dijo que la audiencia “mostró que todas las instituciones funcionan, el Congreso, que llamó al ministro (Juan José Aranguren); el Poder Ejecutivo Nacional, que fijó su posición, y la Corte Suprema de Justicia, que falló en el caso”.

El accionar de los tres poderes del Estado “puede alentar el ingreso de inversiones, ya que denota un mayor grado de institucionalidad, y menor de discrecionalidad”, aseguró.

La conferencia de prensa de Aranguren tuvo lugar tras la última sesión de la Audiencia Pública, que duró una hora y treinta minutos- comenzó 9.15 y concluyó a las 10.45 ante la inasistencia- y que tuvo trece oradores en un auditorio con poca asistencia en la Usina del Arte.

Así, concluyó la instancia de participación ciudadana en la que se habían anotado unas 420 oradores pero se ausentaron 100, entre ellos los dirigentes de la CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
Hubo ausencia total de oradores en Mendoza, La Pampa, Paraná, Córdoba y Neuquén.

Hablaron desde el interior del país, Jorgelina Signa, concejal del Partido Obrero de la ciudad Capitán Bermúdez de Santa Fe, Fernando Germani, delegado de ATE de Ushuaia; y, desde la ciudad de Salta, los vecinos César Curtare y Hugo Farfán.

En la sala, otros nueve oradores hicieron uso de la palabra, como Jorge Domenech, quien se presentó a titulo personal y levantó algunos aplausos de la audiencia cuando dijo que "la energía no será más un regalo, tendremos que aprender a pagarla y aprender a ahorrarla, tendremos que usar iluminación con artefactos más económicos, aislar las viviendas en regiones frías como se hace en el mundo, con la orientación normativa del Estado y el látigo ineludible del precio de la energía".

En el otro extremo del pensamiento político, un representante de la organización Tendencia Piquetera Revolucionaria, Lionel Stiglitz expresó que se realizó "una audiencia trucha, porque la han vaciado de participación, han reprimido a los compañeros de Neuquén, la han hecho dentro bases del Ejército en Tierra del Fuego, ha habido amparos en la ciudad de Salta y también es trucha por la información, acá vinieron las autoridades de YPF a decir que les cuesta 4 dólares el millón de BTU cuando en la bolsa de Nueva York informan que les cuesta 1,9 dólares, a quién le mienten?", cuestionó.

En este contexto, Stiglitz pidió que se llame "a una consulta popular vinculante ya, juicio político a Aranguren, si el único que lo sostiene es Macri entonces juicio político a Macri, abajo al tarifazo y basta de ajuste".

Un vecino de Lanús Oeste, de apellido Garay, que reclamó a Enargas por la burocracia en la aprobación de la tarifa social: "Nunca me llegó la garrafa social a mi casa, yo no tengo garrafa de 97 pesos, yo la compro a 200 pesos. Yo gano $ 3.300 de sueldo por mes, hoy me bañé con agua fría a las 4 ó 5 de la mañana para salir a laburar. Cuando voy a Enargas a reclamar la tarifa social me pasan de Temperley a Lanús y no me lo dan. Dónde está el derecho de las personas, la dignidad de vivir bien?", dijo en tono elevado y agitando en sus manos los papeles que presentó en más de una ocasión ante el organismo.

El moderador Javier Corcuera hizo lectura de la lista de cien oradores que estuvieron ausentes, para descartar que se encontraran en la sala, entre los que se destacaron los dirigentes de CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la dirigente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll; y el diputado socialista Rubén Giustiniani.

También se ausentaron Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza; el defensor del Pueblo de Jujuy, Ricardo Pierazzoli; y Jonatan Bogado "que salió en el diario diciendo que quería ser el último y no vino", observó Corcuera.

Estaba prevista también la participación de representantes del municipio de Malvinas Argentinas, Escobar, Merlo, Marcos Paz, Moreno, Castelli, Berazategui y Ramallo, que no se hicieron presentes.

En tanto, de las organizaciones empresarias fueron funcionarios de tercera línea pero no los dirigentes reconocibles públicamente. Por la Unión Industrial Argentina (UIA) participó el jefe del Departamento de Infraestructura, Alberto Calsiano, pero no asistió Adrián Kaufmann Brea, titular de la entidad.

A su vez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió a Ignacio de Jáuregui, un técnico a cargo de la Secretaría de Asuntos Legales, Laborales y Sociales, pero no asistieron las figuras más representativas como Osvaldo Cornide o Vicente Lourenzo.