Frente al aumento de casos que se viene dando en los últimos años, los diputados provinciales agravarán hoy los castigos previstos para los que agreden a los docentes y médicos del sector público o privado. En lugar de tener que pagar una multa de hasta 1.000 pesos y cumplir arresto de 30 días, los responsables podrán ser sancionados desde ahora con el pago de 6.000 pesos y privación de la libertad por 60 días. Inclusive, los legisladores agregarán un apartado que es inédito para este tipo de situaciones: si el protagonista es menor de edad, la pena la deberán cumplir los padres. 

Es la primera vez que los diputados locales legislan específicamente sobre este problema, que se ha convertido en motivo de reclamo de los gremios por las recurrentes agresiones en escuelas, hospitales y centros de salud. El Código de Faltas que está vigente castiga en forma genérica los casos de hostigamiento, amenazas y golpes con multas de 50 a 1.000 pesos, trabajos comunitarios o arresto de hasta 30 días; pero no se tipifican casos en forma concreta. A partir del proyecto de ley que será sancionado hoy, se incorporarán expresamente las situaciones que tengan como víctimas a maestros, profesores y profesionales de la salud y las considerará un agravante, lo que hará que el castigo a enfrentar sea mucho más duro.

El proyecto que se discutirá en el recinto está encaminado a ser aprobado en forma unánime y es un mix entre los que impulsaron el presidente de la bancada justicialista, Pablo García Nieto, y el opositor Carlos Munisaga. El primero propuso incorporar al artículo 109 del Código de Faltas las agresiones a los médicos y endurecer las sanciones y el segundo, incluir en el mismo régimen los ataques a docentes. Además, ambos coincidieron en la necesidad de castigar a los padres o tutores cuando sus hijos menores de 18 años sean los agresores.

Así las cosas, los ataques psicológicos y físicos en general (siempre que no haya lesiones, porque en ese caso se considera delito y se aplica el Código Penal) serán penados con el pago de 500 a 3.000 pesos, trabajos de utilidad pública y arresto hasta 30 días. Y cuando los afectados sean docentes o profesionales de la salud, la sanción se duplicará: entre 1.000 y 6.000 pesos de multa y prisión hasta 60 días.

Uno de los puntos más novedosos es el traslado de la pena. En la actualidad, a los menores no se les puede imponer el castigo del Código de Faltas por ser inimputables y todo se restringe a remedios institucionales que disponga el sistema educativo. Pero a partir de la modificación, además de las consecuencias para el alumno en el colegio, los padres tendrán que hacerse cargo de asumir las sanciones, tal como es en las riñas en la vía pública protagonizadas por chicos o una violación a la ley seca.

La iniciativa surgió a partir de los recurrentes episodios que sufrieron en los dos sectores. El ministro de Educación, Felipe De los Ríos, contó que en lo que va de este año se registraron 6 casos declarados de violencia contra docentes y la responsable del Hospital Rawson, Beatriz Salanitro, aseguró que han tenido situaciones de ese tenor, pero no detalló cantidad. Los dos señalaron que no pueden precisar si hay un aumento, porque no encontraron estadísticas de años anteriores.

En los gremios sostienen que sí hay más casos. Lo dicen tanto en la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Médico, donde se han declarado preocupados por un fenómeno que era casi inexistente en el pasado. Pablo Flores, que es el adjunto de la central que nuclea a los médicos, aseguró que “cada vez hay más agresiones verbales y este año empezó a haber casos de agresiones físicas, fueron dos”.

La situación no es exclusiva de San Juan y en otros distritos del país ya se han promovido leyes para tratar de frenar las agresiones. Aquí hay un antecedente. En 2013, después de un ataque a una docente que tomó mucha notoriedad, el por entonces diputado justicialista Javier Ruiz elaboró una iniciativa similar y si bien contaba con el apoyo de su bancada, que era mayoría en el recinto, nunca se debatió en el recinto.

Los representantes de los gremios docentes que participaron de la redacción de la nueva Ley de Educación provincial ya advertían la necesidad de que la norma ayudara a abordar los casos de violencia que se dan en los establecimientos educativos. Fue uno de los argumentos que dieron para insistir en la creación de Gabinetes Pscicopedagógicos en toda la provincia, con el objetivo de tratar los casos y evitar que los episodios contra maestros y profesores se repitan. Sin embargo, los sindicatos planteaban también que había que trabajar en un régimen externo, es decir puertas hacia afuera, como el que contemplará a partir de ahora en forma expresa el Código de Faltas.

Por los Médicos
Dos casos de agresiones físicas sufridas por médicos del Hospital Rawson por parte de familiares de pacientes fueron el disparador para que el Sindicato Médico pidiera medidas de seguridad más efectivas para los profesionales que trabajan en el sector público. En el gremio sostienen que es la primera vez que los ataques llegan a ese nivel, pero aseguran que antes también se han dado varios casos de fuertes agresiones verbales, sobre todo en el servicio de pediatría, llamado también Hospital de Niños.

Fuente Leonardo Domínguez - Diario De Cuyo