"Se trata de un exceso jurisdiccional porque las autoridades de la Ciudad no pueden decidir unilateralmente una cuestión de este tipo y sin la orden de un juez", explicó a Télam Javier Pallero, analista de Políticas Públicas en Access Now, una ONG internacional que defiende los derechos de los usuarios de Internet.

Pallero inició este lunes un petitorio en la plataforma Change.org. que tituló "No al proyecto de censura de Internet en Argentina", que esta tarde contaba con más de 14.700 firmas. 

En esta línea, un documento conjunto entre Access Now, el Centro de Tecnología y Sociedad (Universidad de San Andrés), el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información (Universidad de Palermo) y el profesor e investigador del Conicet Martín Becerra alertó sobre el "riesgo" a la libertad de expresión que supone la iniciativa.

En la carta, (disponible en http://bit.ly/2bPGYLX) los firmantes afirman que "el proyecto de Ley de Presti pone en serio riesgo esta herramienta al permitir que autoridades administrativas -entre ellas la fuerza policial- pueda censurar contenido para prevenir contravenciones locales". 

Además, indicaron que el proyecto en cuestión "desconoce que la Constitución Nacional ha reservado a la Nación en el artículo 75 inc. 13 la regulación del comercio interjurisdiccional, materia dentro de la cual se encuentran las comunicaciones". 

En concreto, el proyecto indica entre las medidas precautorias "tanto las autoridades preventoras como él o la Fiscal" pueden disponer la: e) Suspensión o Bloqueo del servicio de internet. En caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información "internet" o cualquier otro medio de comunicación, se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de "internet" bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta.

Los firmantes del documento cuestionan el "otorgamiento de facultades de bloqueo o denegación de acceso a autoridades administrativas con facultades 'preventoras', en estadío cautelar (es decir a fines de prevención de contravenciones)". 

"Esta facultad de prevención de contravenciones mediante la supresión de discurso violenta todos los estándares de libertad de expresión que exigen la limitación al discurso por autoridades judiciales y excepcionalmente por autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales", especificaron las organizaciones. 

Según declararon, "además de vulnerar la libertad de expresión, el proyecto de Ley vulnera la libertad de prensa", dado que al abarcar conductas realizadas mediante la utilización de Internet y permitir "bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate", con esta iniciativa "podría autorizarse el bloqueo del dominio o de la aplicación correspondiente al medio de prensa en el que se hubiera realizado la conducta, vulnerando el artículo 14 de la Constitución Nacional que prohíbe la censura previa".