El conflicto en Villa La Angostura entre la comunidad Paisil Antriao por un terreno que sería propiedad de Enamuel Ginóbili continuaba hoy luego de que ayer los representantes del jugador recuperaban las tierras ocupadas hace más de dos meses. Fue cuando los manifestantes se habían retirado para realizar distintas tareas.

Ayer, el encargado del lugar ingresó al terreno luego de que constatara que ninguno de los ocupantes estaba en el lugar. Inmediatamente, se montó una guardia policial en el lugar. Integrantes de la comunidad Painsil anunciaron que volverán al lugar y denunciaron que "no renunciarán a ello por más amenazas o violencia que se ejerza, porque está en juego sus vidas y culturas".

Las familias se habían instalado a finales de febrero pasado en el lote de Ginóbili. Otros integrantes de la comunidad ocuparon terrenos ubicados en la zona del cerro Belvedere. Desde la comunidad explicaron entonces que se trató de una acción de recuperación de parte del territorio que reclaman. El lote de Ginóbili, está situado al fondo de la calle Traful. Se trata de una propiedad que tiene entre 10 y 12 hectáreas.

Tras las ocupaciones, hubo gestiones desde el municipio y la Provincia con los representantes de la comunidad Paisil Antriao y de la Confederación Mapuche Neuquina. Además, los propietarios de los dueños denunciaron las usurpaciones en la fiscalía local que avanzó con la investigación.

Desde el Poder Judicial provincial intentaron dialogar con las familias que ocuparon los lotes para destrabar el conflicto y para que desistan de seguir las ocupaciones, pero las gestiones no prosperaron.

Por eso, a principios de marzo pasado el fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio, envió un oficio a la Policía provincial donde intima “a los ocupantes a proceder a la remoción de carpas, alambres, postes y de todo otro elemento existente en el lugar”.

El Fiscal jefe advirtió en el oficio que en caso de que los ocupantes no acaten la orden judicial, la Policía provincial debe proceder a desalojar. La orden sigue vigente, pero la ejecución corresponde al Poder Ejecutivo de la provincia, que abrió una instancia de diálogo con los representantes de los mapuches. (InfoGEI) Mg