Sólo en la carilla inicial de este documento del Ministerio de Transporte , hay 35 cifras. Algunas dan pavor. Serían otra muestra de la tremenda "herencia kirchnerista" que dice haber encontrado el nuevo Gobierno y que, a casi seis meses del recambio, sigue usando como punto de comparación para justificar y ponderar su gestión. En este rubro, Vialidad, se habla concretamente de "700 obras paradas". Más una deuda multimillonaria.

Así arranca el informe: "Recibimos un área que, a pesar de haber multiplicado 10 veces su presupuesto en los últimos 10 años, nos dejó 13.000 millones de pesos de deuda y una red vial mal conectada e insegura. De los 40.200 km de red vial nacional, apenas 2.800 km son de autovías y autopistas. Hoy la red tiene 3.500 km de rutas colapsadas, otros 12.000 km de rutas inseguras y 13.000 km en mal estado. Los ejemplos más notables del deterioro son las Rutas Nacionales 3, 5, 7, 8, 12, 16, 19, 34 y 158".

Luego menciona las "700 obras viales frenadas -desde autovías, rotondas, dársenas, repavimentaciones, etc.-. Se paralizaron entre 2011 y diciembre de 2015". Es decir, el último mandato de Cristina Kirchner. Según esa auditoría que se hizo en el ministerio, no se trató sólo de problemas económicos o impericia. Así lo deja traslucir cuando habla de obras "construidas en lugares de bajo tránsito, en base a criterios políticos en vez de planificación y necesidades reales".

En otro documento oficial, el informe "El Estado sobre el Estado" que se presentó la semana pasada, se explica que "aunque tiene el 0,7% de la población del país, Santa Cruz recibió el 12% de las obras de Vialidad Nacional". Sólo en 2015, esta dependencia que obedecía al ministro Julio de Vido tuvo un presupuesto de 23.000 millones de pesos. ¿Quién era el beneficiario de la desproporción? El socio de los Kirchner y ahora preso Lázaro Báez.

A fines de abril, el nuevo administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Alfredo Iguacel, denunció penalmente al Grupo Austral de Báez, y al ex funcionario que lo precedió en el cargo, Carlos Alonso, más otros dos ex funcionarios K del organismo que actuaban en Santa Cruz. Según el Gobierno, pueden haber incurrido en los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública". 

Esta causa se enlaza con el caso madre de corrupción entre Estado y empresarios amigos, la llamada "Ruta del dinero K". Según el fiscal Guillermo Marijuán, estas maniobras que investiga el juez Julián Ercolini puede ser fundamentales para probar el lavado de dinero por el que se acusa a Báez y Cristina, entre otros muchos.

Como en otras áreas, más allá de esta revisión, en el Gobierno se preocupan por mostrar gestión. "Recibimos 700 obras frenadas y abandonadas. Desde el 10 de diciembre estamos trabajando todos los días para reactivar la obra pública, generando empleo. En estos 4 años vamos a hacer la misma cantidad de autopistas que las que se hicieron en los últimos 65 años", prometió el ministro Guillermo Dietrich. Y concluyó:"Tenemos un doble desafío: la inmensa tarea de reconstruir la infraestructura vial y garantizar la corrupción cero".

Los próximos anuncios serían avances de trabajos en las Rutas Nacionales 7 y 8, y el inicio de obras en la Autopista 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, una de las tantas que Báez dejó inconclusa.