según los integrantes del Gabinete involucrados en la iniciativa. El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a las

Fuerzas Armadas a derribar “naves hostiles”, luego de una serie de pasos para “identificar, advertir, e intimidar”, de acuerdo con un protocolo.

“Estamos haciendo pública una política de Estado contra el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando de armas, la trata de personas, con un fuerte control del espacio aéreo y todas las fronteras”, dijo a este diario Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y mostró confianza en que adherirán todas las provincias. La funcionaria que tendrá a su cargo la implementación de la Emergencia, en la que también intervendrán las carteras de Defensa, Transporte y Comunicaciones, defendió la autorización para el derribo de aviones entre las medidas para proteger el espacio aéreo: “El año pasado el centro de monitoreo de la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos. Tomamos las reglas que se instrumentaron nueve veces en los últimos diez años, y levantamos su carácter secreto”, aseguró en referencia a nueve decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2014, con vigencia acotada a un tiempo determinado y por lo general a pedido de otros gobiernos, con motivo de visitas de mandatarios extranjeros. El Ejecutivo prepara un proyecto para enviar al Congreso a partir de marzo, durante el período de sesiones ordinarias, aunque la autorización estará vigente de inmediato. El Gobierno informó oficialmente que “serán declaradas hostiles” las naves con “entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional. La llamada ley de derribo fue una de las propuestas de Sergio Massa durante la campaña, una iniciativa cuestionada por violar las garantías procesales y el derecho a la defensa. El kirchnerismo la calificaba como una “pena de muerte sin juicio previo”, cuando rechazaba los reclamos para implementarla.

Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la “entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico”, indicó un funcionario interiorizado en ese objetivo que, según adelantó, estará coordinado por el “Gabinete de Seguridad Humana”, se pondrá en marcha con “asistentes sociales y policías de prevención, para contener” y arrancará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires.

El decreto considera como delito complejo y crimen organizado la producción, el tráfico y la comercialización de drogas, el contrabando de armas, el terrorismo, las asociaciones ilícitas para “cometer delitos por fines políticos o raciales”, el fraude contra la Administración Pública, la prostitución de menores, la trata de personas y la extorsión, entre otros. Crea el “Operativo Fronteras” en reemplazo del “Escudo Norte”, faculta a Marcos Peña -jefe de Gabinete- a modificar partidas presupuestarias para la compra del “material necesario” para vigilar fronteras, la hidrovía, los puertos y otros gastos y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de las cuatro fuerzas federales, con excepción de condenados por delitos de lesa humanidad, procesados o retirados por razones disciplinarias.