El Congreso de Chile aprobó la ley que garantiza la gratuidad a los sectores más vulnerables y por la cual casi 200.000 jóvenes comenzarán a formarse gratuitamente en educación superior a partir del próximo año.

La decisión fue tomada anoche, en su tercer trámite constitucional, por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

"Después de 30 años la gratuidad vuelve a Chile", aseveró el vocero del Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que este acuerdo va pasar a la historia del país. "Hemos cumplido el compromiso que adquirimos con los estudiantes y con las familias chilenas y hemos transformado la educación en un derecho", declaró a los medios locales.

Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que este es "un gran paso" en un camino en el que "esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita".

"Es el mejor regalo de Navidad para muchas familias que no tendrán que endeudarse el próximo año", consideró la ministra Delpiano, al adelantar que éste es el "primer paso" en la reforma educacional.

La gratuidad en la educación universitaria fue uno de los emblemas del segundo mandato de la presidenta Bachelet que a lo largo de este año sufrió distintos cambios.

Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar por las calles de Santiago.

El programa inicial de Bachelet sostenía que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podría acceder de forma gratuita a la universidad; sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó el país austral en 2015, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.

La norma actual beneficiará a unos 200.000 estudiantes que ingresen o estén cursando alguna carrera universitaria en las casas de estudios que cumplan los requisitos estipulados por la enmienda que compete a la Ley de Educación Superior.

La iniciativa ingresó el pasado lunes al Congreso, tras el fallo del Tribunal Constitucional que a principios de diciembre determinó que la fórmula anterior definida por el Gobierno era "discriminatoria", lo que obligó al Ejecutivo a modificarla.

La presidenta Bachelet promulgó anoche la ley que horas antes había aprobado el Congreso.

La nueva ley estableció además un incremento en las becas para los jóvenes que lleguen a estudiar a los centros de formación técnica e institutos profesionales, establecimientos que no fueron incorporados esta vez en la propuesta, aunque se estableció que en un plazo de tres años esos planteles deberán ingresar gradualmente en el sistema de gratuidad.

La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes, maestros y padres que marcharon desde 2011 por las calles de Chile exigiendo a la autoridad una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro.

El problema del financiamiento universitario se arrastraba desde la reforma educacional que implantó dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) al obligar a las universidades públicas a autofinanciarse, por lo que hasta hoy cobran aranceles anuales de miles de dólares, gasto que muchos estudiantes y sus familias sus estudiantes no pueden sufragar. En Chile alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes.