En tiempos donde se habla seguido de la inseguridad, que no es sensación ni resultado obligado de la insistencia noticiosa, al menos en nuestra provincia es bueno recordar y comparar el presente con épocas no lejanas en las que, ¡oh casualidad!, no se abordaban temáticas de esta naturaleza y donde el discurso político consolidaba como hecho cierto “la paz y tranquilidad” del pueblo catamarqueño.
Para colocar las cosas en su justo contexto y para un mejor entendimiento de los lectores, resulta imprescindible recordar al horrendo asesinato de María Soledad Morales -septiembre de 1990- como punto de referencia. Hay un antes y un después de aquel hecho histórico que cambió el rumbo de Catamarca.
Antes del suceso, según los relatores periodísticos -no lo afirmamos nosotros, sino que está escrito en cantidades industriales de tinta-, Catamarca era un festival de droga, prostitución, crímenes, fiestas privadas e incestos del que participaban los hijos del poder.
Los excesos de la Roma imperial, en los mejores tiempos de aquel excéntrico emperador -Calígula- que se autoproclamó Dios, nombró cónsul a su caballo, ordenó ejecutar a inocentes ciudadano e hizo apología de las perversiones sexuales, eran miniatura comparadas con aquella Catamarca cruzada, supuestamente, por el feudalismo y la corrupción.
Con la caída del gobierno, recordarán los más viejos, surgió el slogan de la “paz y la tranquilidad” y, si bien no se repitió fenómeno social alguno que pueda parangonarse con el crimen de María Soledad, creció el todavía incipiente consumo de drogas hasta niveles estadísticos que asustan y los crímenes, que son el medidor más exacto para mensurar la inseguridad, se quintuplicaron o sextuplicaron. Para peor, con nula acción de la Justicia, para la cual el valor por la vida humana pasó a ser anécdota, o poco menos.

La lista de la impunidad

El Esquiú.com, en sucesivas entregas realizadas durante los meses de noviembre y diciembre, reseñó hechos famosos donde el proceder criminal, entre otros muchos, sentó sus reales y en los cuales los señores jueces o fiscales “miraron para otro lado” -queriendo o sin querer- y se aprovecharon del paso del tiempo para enterrarlos en el galimatías jurídico.
Veamos “esa lista” acotada de la vergüenza:
CASO CLAUDIO SOTO AGUIRRE: era un joven actor y director de teatro. A los 31 años, el 3 de noviembre de 2007, fue asesinado a puñaladas en el parque “Adán Quiroga”. La noticia provocó gran conmoción y desde los Tribunales, a los pocos días, se dijo que el crimen estaba aclarado. Sus amigos, durante una marcha por calles céntricas, pidieron respeto por “su nombre y memoria”.Allí fue cuando surgió un elemento político, impulsado por un funcionario -familiar de la propia víctima- ligado al gobierno de aquel entonces, para frenar los pedidos de Justicia.

CASO RAMÍREZ TOLEDO: ¿quién no conocía al famoso “Tableta”, hijo del no menos recontraconocido escribano Ramírez Toledo? Su martirio comenzó en 2007 y terminó, de la peor manera, en 2008. Lo “molieron” a golpes en un boliche de mala muerte de La Tablada hasta dejarlo inválido. Murió, dramáticamente, un año después. Los agresores, según los íntimos de “Tableta”, estaban identificados, pero como había condimentos políticos de por medio, se dejó caer el caso.
CASO MIGUEL ÁNGEL RIVERO: la travesti fue encontrada muerta, producto de 14 puñaladas, en el camping de La Carrera (Fray Mamerto Esquiú). Y, como ocurrió en circunstancias parecidas, nadie desde las cumbres judiciales o del gobierno se preocupó por andar investigando a quien se la pudo haber cargado. Era una travesti más y, como si para estas personas no hubiera derechos, el hecho de 2002 quedó en la nada.
CASO MARÍA ROMINA FARÍAS MOLINA: su caso, que data de la madrugada del 31 de enero de 2006, fue emblemático. Ocupó los titulares de los diarios -especialmente El Ancasti- por no menos de diez días. La Justicia, a través de los fiscales, se cansó de repetir que iba a llegar “hasta las últimas consecuencias” para reparar una muerte horrible -la niña de 13 año fue violada y asesinada, la destrozaron y la tiraron entre matorrales aledaños al río del Valle- y que, además, amenazaba al poder político por algunas marchas y la protesta de sus padres que, por todos los medios, se cansaron de pedir justicia. La máquina de llevar la investigación a la nada, una vez más, volvió a funcionar.
CASO CARLOS EDUARDO CASTILLO (“CASTILLITO”): otro crimen de los años 2000. Al famoso odontólogo que, como homosexual que era, al parecer no le asistía clemencia ni defensa algunas, le destrozaron el cráneo en su domicilio de Rojas al 700. Los asesinos, como otros tantos que caminan por las calles de Catamarca, zafaron sin problemas de los simulacros investigativos.
CASO VÍCTOR CAYETANO ESCALANTE: fue considerado uno de los crímenes más horrendos de la década del 90. Fue encontrado sin vida, una mañana, en su cama del barrio San Antonio Sur. El o los asesinos lo maniataron con alambre, le aplastaron la cabeza y le dejaron una rosa roja sobre el pecho. Tamaña insania no tuvo ni siquiera sospechosos.
CASO ÁNGEL FERRETI: según propios y extraños, era un hombre bueno que atendía un comedor comunitario para niños y jóvenes en el Sur de la Capital. Ni siquiera su probada participación en la política sirvió para conmover a la Justicia.
CASO EUGENIO ANTONIO AYBAR (“CASANDRA”): travesti, oriunda de Belén, conocida por los habitantes de la noche, especialmente en el barrio de Los Ejidos. En el frío invierno de 2002, a los 19 años, la mandaron al “otro mundo” en un camino vecinal de Pozo El Mistol (Valle Viejo). El reclamo desesperado de sus familiares, como el aporte de pruebas a la Justicia, fue silenciado en forma estratégica, “a la catamarqueña”.
CASO ALFIO ANTONIO PUGLISI: antes de matarlo, lo golpearon brutalmente en su domicilio de Conesa al 700, barrio de Villa Cubas. Fue el 24 de mayo de 1996. Se trataba de un comisario retirado, que había prestado servicios en la División Bomberos, a quien ultimaron a martillazos. Sus familiares acusaron, con nombres y apellidos, a los integrantes de la Justicia que, con su inacción, impidieron descubrir a los asesinos.

El discurso de la inseguridad

Cada tanto, sea en la Legislatura provincial o en los medios de comunicación, escuchamos a voceros de la oposición hacer hincapié en la asfixiante inseguridad que reina en la provincia y que, según coinciden, es producto de la falta de previsiones gubernamentales.
Hasta fue uno de los motivos que, en su momento, argumentaron para señalar que no era momento para promover una reforma judicial.Reiteramos que el fenómeno de la inseguridad no es un cuento. Todos los días la Policía tiene que salir a conjurar la acción de los delincuentes, quienes igualmente roban, asaltan, arrebatan o ejecutan raterías que, si bien forman parte de las responsabilidades concretas de la secretaría de Seguridad, no tienen el nivel de violencia y criminalidad de los grandes centros urbanos.
Pero en tren de comparaciones, “no se puede admirar el muerto del degollado”. Antes de que asumiera el gobierno, hace tres años, hubo crímenes como los que reseñamos en esta columna en proporciones muy superiores a los de la actualidad, entre los que están las muertes de la psicóloga de la avenida Virgen del Valle y de una conocida ciudadana -Susana Aguilar- que vivía en un departamento céntrico de calle Salta; o los ajustes de cuentas entre vecinos -Álvarez y Centeno-, además de aproximadamente ocho hechos de sangre en el Interior y el más horrendo de todos, el del famoso “Negro la Carpa” contra María Rita Valdez.
La diferencia, sin embargo, está en que solamente los crímenes de Celeste Moreno y María del Valle Condorí no tienen culpables o imputados. En los demás, la investigación funcionó, como no ocurría antes. Aunque hay que mencionar la bochornosa situación del crimen de María Eugenia Rojas, cuyo único imputado está a un tris de ser sobreseído.
Tanta muerte y tanto dolor, sumadas a tanta morosidad nos llevan a repetir una necesidad imperiosa que, casi obligatoriamente, debería ser incluida en la reforma de la Constitución Provincial: declarar la imprescriptibilidad para todos los casos de asesinato. Será la mejor forma de combatir la impunidad y mantener vivos los reclamos de los deudos.