El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, apelará hoy ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del Gobierno de modificar la fórmula de cálculo de actualizaciones de las jubilaciones y disponer los incrementos por decreto.

Semino ya había presentado una demanda colectiva en este sentido ante los juzgados en primera instancia del fuero de Seguridad Social, que fue rechazada por la jueza Silvia Saino.

La magistrada no se abocó a considerar el fondo de la cuestión, aunque sí argumentó que no existía "unicidad" en el reclamo y, por lo tanto, las demandas no podían presentarse de manera colectiva sino individual.

Tras esta decisión judicial, Semino apeló ante la Cámara de la Seguridad Social y fue sorteada la sala 3, pero todavía no se terminó de conformar por la jubilación de dos magistrados que debían intervenir.

"Hoy vamos con este caso ante la Corte Suprema a través del mecanismo del per saltum. Ya son más de 10.000 los jubilados que suscribieron la adhesión a nuestra demanda colectiva. El planteo que hacemos es que con el nuevo cálculo de haberes jubilatorios, salvo los que cobran la mínima, que son beneficiados, el resto terminará percibiendo menos dinero", explicó Semino a Télam.



La presentación ante la Corte Suprema tiene el patrocinio legal de los abogados Adrián Tróccoli y Andrés Gil Domínguez y buscará revertir los cambios en el cálculo de movilidad, suspendido por seis meses con la sanción de la ley 27.541 en diciembre pasado, tras lo cual los aumentos a jubilados y pensionados fueron otorgados por decreto.

"En primera instancia -explicó Semino- la jueza no se mete con el fondo de la cuestión pero dice que cada jubilado debe hacer un juicio individual, que no todos los casos son equiparables. Nosotros lo que planteamos es que no puede haber un menoscabo en el derecho, aunque luego será distinta la cuenta de los distintos segmentos, según lo que cobra cada jubilado".

El defensor de la Tercera Edad explicó que el reclamo está basado jurídicamente "en la Constitución Nacional, en el artículo 75, que establece que no puede haber regresividad de los derechos colectivos. También en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

Por último, Semino explicó que "cuando apelamos en la Cámara dijimos que por todo lo explicado hay un riesgo de sanción para el propio Estado. Además hay que considerar la situación de los juicios de los jubilados, con 300.000 demandas sin resolver, otras 80.000 resueltas pero que no se pagan y más de dos millones de hipotéticas demandas por este tema del cálculo. Si esto sigue así el fuero estalla".