La Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) se encuentra envuelta en un gran escándalo judicial tras trascender graves irregularidades en la elaboración y modificación de actas de exámenes finales libres de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la sede de Trelew, Chubut; así como también en la desaparición de libros de actas de la dependencia.

Según indicaron fuentes locales al Diario Jornada, se apunta al docente Pablo Pugh como el principal sospechoso de las adulteraciones.

La primera advertencia sobre el caso se habría realizado de manera verbal ante las autoridades académicas a principios de mayo, situación que luego se formalizó a través de una denuncia elevada con fecha 15 al decano de Facultad de Ciencias Jurídicas, Dr. Augusto Ferrari por parte de No-Docentes.

En este marco, el miércoles de la semana pasada, la justicia intimó a la UNPSJB y le otorgó un plazo de 48 horas para entregar los papeles comprometedores. Dos dias después, Rubén Fleitas, el delegado académico que debió reemplazar a Pugh, envió una nota al Juzgado Federal comprometiéndose a enviar los libros el lunes siguiente. Pero no cumplió.

En este marco, la Justicia Federal realizó un allanamiento en el Rectorado que tiene sede en Comodoro Rivadavia y se llevaron al menos 20 libros de actas.

Se trataría de documentación clave que Pugh envió a la ciudad petrolera luego de sacar dos cajas de papales de la sede de Trelew de Ciencias Jurídicas, cuando ya había renunciado a su cargo, para llevarlas ante un escribano público; informó el mencionado matutino de Chubut.

En este sentido, los investigadores deberán dilucidar porqué el abogado sospechado habría sacado 20 libros del edificio cuando la presunta adulteración –según la denuncia original de dos empleadas administrativas- sería sólo sobre tres. Ese material secuestrado será objeto de peritaje profesional.

Imputado

La Justicia imputó por desobediencia a Augusto Ferrari, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien no cumplió la orden de entregar información.

Este cargo se suma al de “encubrimiento”, que arrastra del inicio de la causa, ya que se lo acusa de no haber hecho la denuncia de la presunta adulteración de notas pese a que estaba anoticiado por dos empleadas que descubrieron las presuntas irregularidades.

Además, según la denuncia del fiscal federal Fernando Gélvez y del defensor general adjunto, Alfredo Pérez Galimberti, en su carácter de docentes de la carrera, tampoco habría resguardado el material que habría sido retocado. (InfoGEI) Ga