La detención de Julián Assange por la policía británica en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se había asilado hace siete años, marca un hito en la revolución informativa desatada por la aparición de WikiLeaks, el sitio web fundado por el polémico hacker de origen australiano.

Ensalzado por muchos como un Robin Hood de la era del Big Data, Assange es buscado como un peligroso criminal por haber revelado datos de seguridad que Washington y otras potencias afines consideran de carácter estratégico. Esa pulseada comunicacional fue conformando una grieta global muy parecida a la que padecemos los argentinos puertas adentro. De hecho, fue el cambio de signo ideológico del gobierno ecuatoriano el que dejó sin cobertura diplomática a Assange, quien se había convertido en un protegido de los líderes latinoamericanos simpatizantes de la ola bolivariana, como si fuera una especie de ciberChe Guevara.

Pero más allá de lo que le toque en suerte a Assange a partir de su arresto como una presa apetecible que hace babear a los agentes de Scotland Yard y la CIA, el agujero negro que abrió el nacimiento y la polémica reactualizada  de WikiLeaks  se traga buena parte de los debates en torno al presente incierto del periodismo y el futuro inestable de la democracia, tal como los conocemos.

En esta discusión que involucra a teóricos, políticos y ciudadanos empoderados -o al menos euforizados- por la lógica de las redes sociales, se cruzan de manera caótica el derecho a la información, el derecho al copyright, el derecho a la intimidad el derecho a gozar las nuevas tecnologías y el derecho a preservar los valores intelectuales y éticos que las herramientas digitales ayudan a erosionar.

Sin ir más lejos, la campaña electoral argentina está embarrada más que nunca por operaciones de inteligencia a ambos lados de la “grieta”, en un escenario condicionado por las filtraciones -los Leaks- que involucran tanto a los nuevos canales de comunicación digital como a los tradicionales medios de prensa escrita y audiovisual. Más que los soportes, lo que claramente está en juego en la nueva opinión pública del siglo XXI es cuál será la frontera consensuada entre los público y lo privado, dentro del áspero y a la vez delicado juego de la puja democrática de intereses enfrentados.

Es sintomático que un gobierno con relato modernizante -o posmodernizante- como el de Cambiemos le haya sumado ruido a este debate, con su propia militancia troll, su coqueteo poco responsable con los monopolios digitales globales que se alimentan de los contenidos de los “viejos” medios locales, y todo eso sin prevenir la implosión de su red de agentes de inteligencia con las mañas de siempre, que espían hasta a los aliados oficialistas. Esa es la discusión que el caso Assange debería potenciar en la Argentina.