Un informe del Centro para Desarrollo Nacional Atenea muestra que en la Argentina, como sucede en el resto de los países de la región, la tasa de desocupación juvenil (23,8%) casi triplica a la tasa de desempleo general (8,5%). A su vez, el peso de los jóvenes entre 16 y 24 años de edad en el total de desocupados es alarmante: casi la mitad de los desempleados del país (40%) se enmarcan en ese rango etario.

Esta situación de vulnerabilidad se torna más grave si se tiene en cuenta a qué tipo de trabajos acceden los jóvenes. Según el indicador de precariedad juvenil desarrollado por Atenea, uno de cada dos asalariados tiene un trabajo precario. Esto significa que casi la mitad de los asalariados jóvenes no tiene acceso a vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni licencias por enfermedad, ni obra social, ni aportes jubilatorios. Si se toma la población asalariada total (mayores de 16 años), la precariedad es sensiblemente más baja: uno de cada cuatro.

Damián Ledesma, Director General de Atenea, explicó: “Los problemas laborales en los jóvenes es un fenómeno que viene in crescendo en los últimos años. Vemos con preocupación que el Estado publicite que todos los jóvenes pueden ser emprendedores y no crea nuevos instrumentos que reviertan la precariedad y la falta de oportunidades”.

Las políticas públicas nacionales más importantes dirigidas a la formación profesional y laboral de esta población objetiva sufrieron significativos recortes presupuestarios durante la actual gestión. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, creado en el 2008 para brindar formación y una ayuda económica, redujo sus partidas en un 14% en 2017 (tomando la inflación estimada por el BC). El PROGRESAR, creado en el 2014, sufrió un ajuste del 47% y además, bajó su meta física a la mitad: de casi un millón de jóvenes alcanzados en 2016, descendió a 500 mil.

Si bien el año pasado, el gobierno nacional propuso un proyecto de ley para crear un “Régimen de Primer Empleo y de Formalización del Trabajo” a través de incentivos económicos a las empresas que contraten jóvenes, este proyecto aún no fue tratado por la legislatura. A su vez presenta varios puntos controvertidos: no se establece un tope a la cantidad de trabajadores contratados ni el tiempo de permanencia en el empleo. Y no hay límites en el acceso a estos beneficios para aquellos empleadores que hayan realizado despidos antes o durante su participación en el régimen, lo cual puede fomentar a la renovación de personal.

Por su parte, Ana Capaldi, Directora del Área de Empleo de Atenea, manifestó: “Es necesario invertir en programas de formación que mejoren las condiciones de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes. Pero deben estar acompañados de políticas económicas que promuevan la generación de más puestos de mayor calidad. De lo contrario, la situación difícilmente se revierta.”

El panorama para el empleo juvenil es desalentador, más aún si se analiza el contexto de precarización del mercado laboral en general. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, se perdieron alrededor de 37.000 puestos de trabajo formal en el sector privado y en el mismo período hay una suba de alrededor de 86.000 monotributistas. Si esta tendencia se profundiza, seguirán siendo los jóvenes los principales afectados.