Cuando el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump recientemente, una de las preguntas que le hizo es si sería posible extraditar a su antiguo jefe.

Alejandro Toledo, presidente de Perú entre 2001 y 2006, es buscado actualmente por ser sospechoso de haber recibido fondos ilícitos por valor de 20 millones de dólares del grupo brasileño Odebrecht.

Toledo, quien presuntamente se encuentra en California, ha rechazado estas acusaciones. Y hay dos presidentes peruanos más que están bajo el escrutinio público por sus supuestos nexos con el caso Odebrecht, al tiempo que el propio Kuczynski encara una investigación preliminar por apoyar una ley que habría allanado el camino para otorgar contratos carreteros cuando era presidente del Consejo de Ministros del presidente Toledo.

Pero Perú no es el único país sacudido por las ondas internacionales que desató Odebrecht, el más grande constructor de América Latina y autor del pago de sobornos por 788 millones de dólares en 12 países de región. Panamá es otro de los países en el ojo del huracán, Interpol tiene emitidos avisos para localizar a dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.

Todas estas evidencias han conducido al grupo brasileño a aceptar un acuerdo de culpabilidad ante las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos para pagar la multa más grande de la historia por concepto de corrupción, que será de al menos 3 500 millones de dólares. Y las repercusiones políticas del caso seguirán propagándose y cimbrando a gobiernos y políticos de toda la región.

Los gobiernos populistas de izquierda que se fortalecieron en la región al iniciar el nuevo siglo, acicateados por el repunte de la pobreza y la desigualdad, tampoco han salido bien librados de la saga Odebrecht. En Venezuela, actualmente azotada por una crisis, han sido registradas las oficinas de Odebrecht en Caracas, luego de que la compañía admitiera que pagó sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales socialistas, que sería el monto de coimas más alto pagado fuera del Brasil.

Corrupción política

Juan Carlos Varela, líder panameño, negó haber recibido donativos de Odebrecht durante su campaña proselitista, como lo denunció Ramón Fonseca, especialista legal y miembro de uno de los bufetes de abogados que jugaron un papel preponderante en las investigaciones vinculadas con el escándalo de los Papeles de Panamá.

En la medida en la que la desaceleración económica avanza y afecta a la región, “la gente asocia de forma creciente la pérdida de ritmo económico con la corrupción. Y sienten que, si no hay dinero hoy, esto se debe a que alguien del gobierno se lo robó”, dice Paulina Recalde, de la empresa de sondeos ecuatoriana Perfiles de Opinión.

No obstante, mientras los gobiernos se enfrentan a acusaciones de haber recibido fondos o donativos electorales ilegales de las arcas de Odebrecht, el aspecto positivo de las investigaciones es la creciente adhesión y respeto de Latinoamérica hacia el cumplimiento del Estado de derecho. Pero los analistas advierten de que esto podría abrir la puerta a una nueva oleada de populismo. “La corrupción es algo presente, pero abstracto. Ahora la gente está sintiendo realmente que los políticos robaron de sus bolsillos. Esto tendrá, seguramente, consecuencias electorales”, afirma Luis Benavente, analista político de la consultora limeña Vox Populi. “Esto podría fácilmente fortalecer la posición de candidatos opositores a la clase dirigente actual”.

En México, donde la petrolera estatal Pemex está siendo investigada por sus nexos con Odebrecht, el político populista Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar la corrupción y desterrar a la “mafia del poder” en su tercer intento por ganar las elecciones presidenciales, que esta vez tendrán lugar en 2018.

Elecciones nacionales

En Brasil, la ambiciosa investigación que llevó a Odebrecht a empañar su imagen inicia ya su cuarto año. Fue la investigación conocida como Lavado de Autos –que involucró inicialmente a la empresa Petrobras– la que propició la posterior caída de la presidenta brasileña Dilma Roussef en el año 2016.

Pero ahora su sustituto, el vicepresidente Michel Temer, también libra su propia batalla para deslindarse de las acusaciones que penden sobre él de haber recibido fondos ilegales. Resultado del testimonio de 77 ejecutivos de Odebrecht, que se espera divulgue dentro de poco la Corte Suprema. Temer supuestamente corre el riesgo de perder el mandato que ejerce si se prueba que estuvo envuelto en esta saga de corrupción.

El escándalo, que coincide con la peor recesión que vive Brasil en más de un siglo, deja totalmente abierto el futuro de esta nación en las elecciones del año próximo. Y Colombia se encuentra en un caso parecido, ya que tanto el presidente Juan Manuel Santos como su oponente político se han visto salpicados por acusaciones.

Maria Luis Puig, del Grupo Eurasia, asegura que “esto pavimenta el camino para que los candidatos sustenten sus plataformas electorales en acciones contra la corrupción”, según reveló una encuesta sobre las elecciones presidenciales colombianas previstas para 2018. Por su parte, el presidente argentino Mauricio Macri también tendrá que plantar cara en 2017 a unas elecciones de medio mandato, que serán cruciales para su país, justo cuando el director de la agencia de inteligencia está acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht en 2013.

La semana pasada, los fiscales de nueve países de América Latina mantuvieron conversaciones a puerta cerrada en Brasilia y pactaron la creación de equipos de investigación que se ocupen de “la más amplia, veloz y eficiente cooperación judicial internacional”.

Así las cosas, los políticos de la región ya están avisados. 

Copyright The Financial Times Limited 2017

Con información de Andrés Schipani (Quito); Joe Leahy (Sao Paulo); Jude Webber(Ciudad de México) y Benedict Mander (Buenos Aires).