El presidente Mauricio Macri firmó el decreto que permite la "convergencia plena" en el área de las telecomunicaciones a partir del primero de enero de 2018, lo que permitirá a las empresas del sector brindar de manera simultánea los servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil e internet, posibilidad conocida como cuádruple play.
 

Así lo anunciaron a la prensa el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, al precisar que el jefe de Estado rubricó el decreto a través del sistema de "firma digital" en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones.

El decreto es reglamentario de las leyes 26.522 de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conocida como Argentina Digital, sancionadas en el gobierno anterior.

Los alcances inmediatos de la convergencia que fija el articulado dado a conocer hoy incluyen de manera automática del cuadruple play a partir del primero de enero de 2018 a las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, en tanto que para las demás localidades su habilitación queda a criterio del Enacom.

Para Aguad, el decreto -que finalmente salió el último día del año- "adopta decisiones trascendentales para el mundo de las telecomunicaciones, ya que se adelanta la convergencia un año, a enero de 2018, y se abre la posibilidad de que nuevos operadores puedan ingresar a este mercado".

Por su parte, De Godoy resaltó: "Más que hablar del mercado y las empresas, son los consumidores los que serán los mayores beneficiarios con más oferta y la movilidad de un mercado que estaba quieto con mayor accesibilidad y acelerando los plazos para que en poco tiempo todos puedan gozar de todos los productos con una mejor calidad".

También destacó que es decisión del presidente Macri "la creación de una banda de seguridad que tenga cobertura nacional" además de implementar medidas para "una protección de los pequeños prestadores pymes y cooperativas del interior del país hasta 2019 en ciudades de hasta 600 mil habitantes".

De esta manera, el Gobierno avanzó con un decreto reglamentario de las leyes 26.522 y 27.078 con el que permite generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores de telefonía móvil en el mercado fijando criterios para una mayor competencia y dispone la asignación de nuevas frecuencias para una mejor calidad de las comunicaciones.

De la misma manera, se autoriza a las empresas telefónicas a brindar televisión por cable con un conjunto de condiciones que cuidan la actividad de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas hasta 2019 en ciudades de hasta 600 mil habitantes.

Al mismo tiempo habilita a las empresas de televisión satelital a brindar internet satelital.
Entre otros aspectos destacados de la norma, que será publicada el lunes en el Boletín Oficial, se encomienda al Enacom realizar un estudio del espectro radioeléctrico para su posterior reasignación en un criterio que -según definió Aguad- pone de manifiesto "una clara política de que no se guarda a plazo fijo sino que se entrega al operador", anticipando nuevas licitaciones de espectro durante 2017.

En particular, se estima que se podrá avanzar con tramos de las bandas de seguridad que impulsará el Gobierno, las de 2.5, 2,6 y 900 Mhz, y los espectros que se encuentran actualmente judicializados en los 700 Mhz, que son los casos de las operadoras Arlink y Telecentro.

Respecto al expediente de Arlink, el ministro dijo que el Gobierno considera que "hay un avance ilegítimo de la justicia mendocina sobre un recurso estratégico del Estado nacional que sirve para el progreso de las comunicaciones y se estudia la posibilidad de que esta ilegitimidad sea analizado en el Consejo de la Magistratura", además de ratificar el pedido de traslado de la causa a la jurisdicción federal.

El decreto busca encauzar el largo debate planteado entre los distintos prestadores del mercado local por el cruce de intereses que mantenían para ingresar en negocios que hasta hoy les resultaban vedados, a lo que sumaban las pretensiones de unos y otros por lograr mejores condiciones de acceso al denominado cuádruple play.

Es el caso del interés de las empresas de telefonía Telecom/Personal, Telefónica/Movistar y Claro que vienen pujando para lograr la autorización que las habilite a prestar el servicio de televisión por cable, o del Grupo Clarín/Cablevisión que a través de la empresa Nextel pretende convertirse en el cuarto operador de telefonía móvil.

En el caso particular de Nextel, sobre el cual las operadores de telefonía móvil advirtieron incluso con demandar al Estadio nacional ante el Ciadi, De Godoy explicó que la empresa adquirida por el Grupo Clarín "tiene pedidos de aprobación pendientes ante el Enacom por la compra de empresas del interior del país, y recién a partir de entonces debería sobrevenir el despliegue" de su infraestructura para la prestación del servicio.

Si bien los plazos para el despliegue serán motivo de reglamentación de parte del Enacom, el titular del organismo estimó que "será similar al que tuvieron las otras empresas en la respectiva licitación" del espectro 4G en las que las empresas telefónicas debieron desembolsar fuertes montos que sumaron en total alrededor de 1.500 millones de dólares.

De Godoy también desestimó las preocupaciones de las telefónicas respecto a la competencia desleal que significaría poder ingresar al mercado como prestadora sin pagar por la banda a ocupar. "Falta determinar cuánto vale el espectro, si se lo va a asignar y de que forma", dijo el titular del Enacom, quien destacó que el decreto "autoriza la reasignación con compensación económica" es decir a un costo que definirá la autoridad de aplicación.

A lo largo del corriente año, una comisión redactora recibió los aportes de todos los actores del sector para poder definir un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes, que tomaría estado parlamentario en marzo próximo.

En ese sentido, los dos funcionarios coincidieron en que el decreto conocido hoy ayuda al proceso de transición hasta que se apruebe una ley de Comunicaciones Convergentes, es decir que pretende acelerar los procesos, marcar un camino para dar certeza a las empresas en sus decisiones de inversión pero no reemplaza la norma final con que se espera contar el año próximo.