De esta manera, mientras se sustancia la causa judicial, el Ejército las podrá utilizar en obras para las provincias afectadas por inundaciones y del Plan Belgrano.

"Es algo que ya habíamos pedido, pero queremos solicitárselo nuevamente al juez porque entendemos que es una medida que nos conviene a todos, porque los procesos judiciales son largos y esa maquinaria, que al Ejército le sería muy útil para avanzar en obras que tienen que ver con el bien común, arrumbada en un depósito judicial en poco tiempo se vuelve inservible", comentó el ministro Martínez en diálogo con Télam.

La presentación original data del 23 de mayo de este año. Luego de eso, el 30 de junio, la Sala II de la Cámara Federal ratificó los procesamientos y embargos de los imputados Lázaro y Martín Báez, por lo que el Ministerio de Defensa decidió reimpulsar la solicitud.

"Si usted deja esas maquinarias arrumbas a la interperie, sin uso ni mantenimiento, la experiencia indica que en poco tiempo se deterioran, se rompen los neumáticos y tapizados, son vandalizadas, las ataca la corrosión... y eso no le conviene a nadie", explicó Martínez.
 

"Entendemos que es una medida que nos conviene a todos, porque los procesos judiciales son largos y esa maquinaria, que al Ejército le sería muy útil para avanzar en obras que tienen que ver con el bien común, arrumbada en un depósito judicial en poco tiempo se vuelve inservible"

"Imaginemos que en dos o tres años se define la causa que involucra al señor Báez. Si resulta culpable esos bienes pasarán al Estado y si fuera absuelto, lo cual por lo visto hasta el momento parece bastante improbable, volverían a manos de la empresa. En cualquier caso, es mejor que estén en funcionamiento y no que sean chatarra", agregó.

La presentación realizada por el Ministerio destaca que, de acuerdo con el artículo 221 del Código Civil y Comercial, al que remite el artículo 920 el Código Procesal Penal, "si el bien decomisado tuviera valor de uso o cultural para algún establecimiento público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades".

En este caso, el planteo de Defensa es que esa maquinarias serían útiles para acelerar las obras de apoyo a la comunidad que realiza el Ejército Argentino, en particular en las siete provincias afectadas por las últimas inundaciones, y en las provincias que están comprendidas en el Plan Belgrano, de desarrollo productivo y social del norte argentino.

"El Ejército tiene maquinaria propia, con las que está realizando obras de reparación de rutas y puentes, por ejemplo, pero podría avanzar mucho más contando con estas máquinas, que no sólo son más modernas sino que hoy están en perfecto estado de uso", explicó el ministro.

El Ministerio de Defensa también solicitó maquinaria a Vialidad Nacional, pero en definitiva sería asignar a esta obras bienes que están en uso en otros puntos del país. "En cambio, si somos designados como depositario fiscal de esos bienes de Austral Construcciones estaremos ampliando el parque y aumentando la efectividad de las acciones", agregó Martínez.
 

 Esta presentación no es la primera que se realiza sobre los bienes de Báez, que hasta el momento suman cerca de 150 propiedades, contabilizadas en los allanamientos realizados por el fiscal Guillermo Marijuán en el marco de la causa por el presunto "lavado de activos", que lleva adelante el juez Casanello. El Ministerio de Seguridad también solicitó utilizar bienes del empresario.

Tres de los campos propiedad de Báez en Santa Cruz, donde es dueño de 600.000 hectáreas, fueron solicitados en comodato por la cartera que dirige Patricia Bullrich para utilizarlos como cuateles para Gendarmería Nacional.

Se trata de los campos Cruz Aike, La Julia y Río Bote, con construcciones en las que en los allanamienos se encontraron espacios que coinciden con la descripción de las "bóvedas" que denunció el testigo protegido Leonardo Fariña.

El Ministerio de Seguridad solicitó además la entrega en comodato de un avión privado y varios vehículos cuatro por cuatro pertenecientes al empresario kirchnerista.

También pasarían a manos de la Municipalidad de 28 de Noviembre un conjunto de cabañas pertenecientes al empresario, según trascendió.

Todas estas solicitudes, que dependen de decisiones judiciales, aparecen como un paso previo a la sanción de la ley de extinción de dominio, la iniciativa que presentó ante el Congreso Nacional la Oficina Anticorrupción, y que prevé que aquellos bienes presuntamente ilícitos que no puedan ser justificados por sus tenedores pasen a manos del Estado.