El próximo paso será la sesión que a fin de mes deberá sostener el Senado para definir si absuelve o condena a Rousseff, ahora procesada, por supuestamente violar la ley de responsabilidad fiscal de 2015, una acusación que es calificada como un 'golpe parlamentario' por parte de sus defensores.

La sesión, que duró más de 16 horas, enfrentó a los defensores del impeachment con los de Rousseff, mientras que en al menos 16 ciudades de Brasil se realizaron manifestaciones de grupos de izquierda que reclaman la salida de Temer del gobierno, al que acusan de golpista.

El resultado pone en aprietos las negociaciones de Rousseff para el día del veredicto, posiblemente el 29 de agosto, ya que el Senado puede destituirla con dos tercios de los votos, es decir, 54 de los 81 senadores.

El resultado de esta madrugada permitió observar que los que quieren la destitución de Rousseff son más de los necesarios, un resultado al cual se adelantaron parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) que anunciaron que recurrirán a la comisión de derechos humanos de la OEA para que se suspenda el juicio político.

La votación sirvió para respaldar el informe acusatorio contra Rousseff confeccionado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Temer, que indicó que Rousseff violó la Constitución al realizar movimientos en el presupuesto sin autorización del Congreso.

"Los peritos dijeron que la presidenta no cometió este acto que se realizó en todos los mandatos anteriores. Este no es un juicio técnico porque no hay pruebas. El relator actuó como en la Inquisición, actuó como Torquemada, creando situaciones que no son de las pruebas", dijo el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo.

La defensa sostuvo que quiere aplicarse el parlamentarismo para retirar a una presidenta electa.

"Estamos haciendo justicia luego del mayor fraude fiscal de la historia de Brasil, respetando a la Constitución", dijo Cassio Cunha Lima, jefe del bloque del PSDB.

El vicepresidente del Senado, Tiao Viana, del PT, dijo que "el proceso está viciado" porque fue originado por Eduardo Cunha, mano derecha de Temer, en diciembre, entonces presidente de la Cámara de Diputados que no contó con la protección de Rousseff ante acusaciones de corrupción en el escándalo de Petrobras.

"Se ha montado un tribunal de cartas marcadas, un golpe contra quienes no soportan el ascenso social, que no soportan la derrota electoral, que no soportan que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva haya sido el líder mundial que logró mostrar un país más justo que conquistó los Juegos Olímpicos de Río 2016", sostuvo Viana.

Otros de los que quedaron en minoría, Roberto Requiao, del PMDB de Temer, fue en contra de su partido al afirmar que el gobierno interino "está vendiendo el pais al mercadismo financiero internacional", por lo que reclamó el fin del proceso, al restitución de Rousseff y el llamado a elecciones.

Requiao dijo que 35 de los 81 senadores no deberían votar ya que están en la lista de Odebrecht, es decir, dentro de las personas que supuestamente recibieron financiación ilegal de campañas o sobornos por parte de la mayor empresa de ingeniería del país, cuyo heredero está preso y negocia un acuerdo de delación a cambio de reducción de pena.

Marcelo Odebrecht, condenado en primera instancia, acusó de haber entregado dinero en efectivo ilegal a Temer, a su jefe de ministros, Eliseu Padilha, y el canciller Serra, de acuerdo a documentos que fueron filtrados a la prensa.

Gleisi Hoffman, ex jefa de gabinete de Rousseff, del PT, por su parte abrevó en la teoría de convocar a un plebiscito para que se realicen elecciones anticipadas generales, para todos los cargos.

El acusador y creador del texto sobre irregularidades en el presupuesto, el jurista Miguel Reale Junior, ex ministro del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, dijo que Rousseff está siendo procesada "por el conjunto de la obra, por intentar esconder la crisis económica".

Por su parte, Lindbergh Farias, del PT, afirmó que "este es uno de los días más tristes de la historia porque se está consagrando un golpe de las oligarquías que no aceptaron la derrota electoral" y advirtió que si Temer es confirmado en la presidencia tendrá inmunidad para no ser investigado por su relación con Odebrecht, producto de un mandato anterior, en 2014.

Magno Malta, del Partido de la República e importante hombre del bloque evangélico, acusó a Rousseff de ser "una abortista anticristiana" y que "dejó en la ruina a la economía del país", antes de votar.