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ACTUALIDAD
2 de agosto de 2016
Héctor Barreiro montó un conglomerado de firmas que está bajo sospecha de lavar dinero a través de supuestas exportaciones de frutas y por su vínculo con Los Monos.
Publicado en Diario La Nación
La justicia federal allanó en Rosario nueve sedes de empresas que estarían vinculadas a Héctor Barreiro -conocido como el ex jardinero de la familia Kirchner- y a su hijo Pablo. Ambos están sospechados de haber creado un conglomerado de sociedades para lavar dinero a través de exportaciones de frutas que no existieron. Las nueve sedes resultaron ser inexistentes.
Durante los allanamientos, la Gendarmería confirmó que en esos domicilios no funcionan las firmas exportadoras Comercializadora de Cuyo, Finca Los Aromos ni Indufrut, según informaron fuentes judiciales. Sólo había casas humildes, en el barrio Las Flores, de Rosario, y en Villa Gobernador Gálvez, como reveló LA NACION el 2 de julio pasado.
En esos domicilios, sin embargo, los gendarmes se toparon con quienes aparecen como prestanombres en esas firmas. Entre ellos, un albañil que se presentó ante la Justicia y dijo haber sido engañado para que firmara.
Mientras tanto, las ramificaciones de la pesquisa parecen llegar hasta la banda Los Monos y la investigación conocida como "Narcoarroz". Al presentarse en Tribunales, Justo Faustino Domínguez, que figura como uno de los socios de la firma Finca Los Aromos SRL, afirmó que le propusieron conformar "una especie de grupo de trabajo" para albañilería, pintura y plomería. "Me dijeron que los papeles los armaría la contadora Mariana Scacchi y que tenía que ir a Tribunales, donde me dieron una gran cantidad de papeles que firmé sin saber qué eran."
Sin embargo, Domínguez no se presentó solo en el juzgado. Lo hizo asesorado por Paul Krupnik, integrante del equipo de letrados que defiende a la banda narco Los Monos.
Los allanamientos se hicieron por orden del juez federal Nº 3, Carlos Vera Barros, e incluyeron también el estudio contable y la casa de la contadora Mariana Scacchi, donde se encontró documentación sobre la constitución de estas firmas fantasma.
Ahora el magistrado espera que el fiscal federal Mario Gambacorta pida la indagatoria de los once imputados en un expediente que de golpe tomó impulso. Lo que se pretende desentrañar es para qué se crearon estas pantallas y si sus ramificaciones llegan a Los Monos, banda que ya está siendo investigada por lavado de dinero desde octubre pasado.
La investigación se inició el 18 de mayo pasado, cuando los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, al mando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), presentaron una denuncia por supuesto lavado en el juzgado de Vera Barros, tras recibir indicios de que se había montado una entramado de empresas para blanquear fondos. Los datos surgieron de las áreas de investigaciones contra el Narcotráfico y Control Aduanero de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Fiscal (UIF).
Lo que ahora busca determinar la investigación es cómo esas firmas, a nombre de tres hombres de apellido Siboldi -Sergio Martín, Sergio Luis y Ramiro Raúl-, el albañil Domínguez, Flavio Ayelén Albornoz, Gloria Escobar, Selene y Carlos Vespuccio, y la ex concejal peronista de Villa Gobernador Gálvez María Carmen Murabito, llevó adelante operatorias por montos millonarios en sólo tres meses del año pasado, entre agosto y noviembre de 2015.
Según la denuncia de la Procelac, Barreiro podría encontrarse detrás de "un grupo familiar de personas jóvenes y sin antecedentes comerciales, con un perfil económico que no justificaría los montos de esas operatorias".
Después de que la Gendarmería allanó su casa en Bordabehere 2093, Domínguez aportó en su escrito judicial algunos detalles sobre cómo habría sido la operatoria. Contó que llegó hasta "cuarto grado de la escuela primaria" y que, según él, "fue contactado hace ocho meses por Sergio Siboldi", otro supuesto prestanombre de este entramado ligado a Barreiro.
Sin embargo, una de las sospechas es que detrás de este entramado de firmas existan vinculaciones con el narcotráfico. Un punto de contacto que fortalece esa hipótesis es otra empresa del "jardinero K": Premium Experience SRL, con sede en Viamonte 611, piso 7º "E", de la ciudad de Buenos Aires.
Creada en 2008, Premium Experience SRL tiene la misma dirección que cuatro empresas que están involucradas en la causa conocida como "Narcoarroz", en la que se descubrió en un depósito fiscal de Rosario un cargamento de 40 kilos de cocaína camuflada en granos de arroz que debían pasar por Guinea Bissau para luego ingresar a Europa.
En esa misma dirección de la calle Viamonte también figuran las compañías Wealthy Ranch SA, a nombre del abogado Guillermo Heisinger, ex secretario de Justicia durante la gestión de Carlos Menem, y Erman Triana Peña, uno de los jefes del cartel del Valle Norte de Colombia, que actualmente está prófugo.
Las otras empresas son International Trade Comerce ITC SA y Hard Business SRL, en la que aparece el abogado Heisinger, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, quien era el capo del cartel en la Argentina. Y en Letstrade SA, figuró Heinsinger como presidente hasta el 14 de enero de 2013, cuando lo reemplazaron Yoana Triana Peña y Jesús García Herrera, ambos colombianos que residían en el barrio San Isidro Labrador, en Tigre.
La empresa Hippo Viajes Sudamérica SRL, en tanto, figura a nombre de René Alberto Villalba, también con domicilio declarado en la calle Viamonte 611, piso 7º "E" de Buenos Aires. A los 60 años, y con evidentes problemas financieros que incluyen créditos impagos y cheques rechazados, Villalba es accionista junto con Barreiro en Premium Experience SRL, y en la empresa AV Travel Service SRL figura como gerente.