La aparición de cuentas en el exterior con depósitos por más de 25 millones de dólares canalizados a través de una nueva empresa abierta en Panamá fueron los elementos que llevaron a que el juez federal Sebastián Casanello llame a indagatoria a los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez, detenido hace casi tres meses por lavado de dinero.

Martín, Leandro, Melina y Luciana Báez deberán declarar en indagatoria a partir del 6 de julio bajo la sospecha de ser testaferros de su padre, según determinó el magistrado a cargo de la causa.

Para Martín, el más cercano a los negocios de Lázaro, no será una novedad: ya pasó por dos indagatorias en las que fue procesado por dos hechos de lavado de dinero junto a su padre. En cambio, para Leandro, Melina y Luciana sí será la primera vez que deban enfrentar una acusación judicial.

La maniobra, para el juez y el fiscal Guillermo Marijuan, se cierra porque desde las cuentas de Kisnky Foundation y de otra empresa, Wodson Internacional SA, se transfirió dinero a Helvetic para comprar bonos de la deuda pública argentina, manera en la que el dinero negro volvió al país con apariencia legal.

Al igual que Kisnky Foundation, Wodson Internacional S.A sería de los hijos de Báez.

Para el juez se trata de "operaciones trasnacionales que carecerían de justificación económica o financiera y que además no tendrían ningún respaldo patrimonial".

Además, ninguno de los cuatro hijos de Báez "posee el perfil patrimonial necesario para respaldar las tenencias que se habrían acumulado en esas cuentas y que habrían ascendido a veinticinco millones de dólares". El magistrado federal no descartó –tal como pidió la UIF– ordenar en el futuro la detención de los hijos del empresario patagónico.