"Argentina tiene que asumir un rol protagónico, no sólo de protección sino de integración, lo que implica un arduo trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria amplia y con un enfoque de defensa de derechos humanos", reflexionó la coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, Gabriela Liguori. 

Argentina recibirá 3.000 refugiados sirios, víctimas de un conflicto que lleva ya cinco años y que tuvo su retrato más crudo en la publicación de la foto de Aylan Kurdí, muerto en una playa turca sobre el mar Egeo.

En los últimos años, la mayoría de los 4,8 millones de refugiados buscó protección en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, por cercanía geográfica.

En Argentina, desde el 2014 funciona el Programa Siria, que facilita el visado para víctimas interesadas en establecerse en el país, a lo que se sumó en los últimos meses el envío de ayuda humanitaria con la presencia de Cascos Blancos en campos de refugiados en el Líbano.

Según datos de Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados), 286 sirios, 156 colombianos, 37 ghaneses, 28 ucranianos, 27 haitianos y 19 cubanos recibieron el estatus de refugiados en Argentina, entre el 2012 y el 2016.

Se estima que el número total de refugiados en Argentina no supera los 4.000.

"Debería evitarse una lógica meramente asistencial que repita modelos europeos; es necesario garantizar no sólo estándares de protección, sino también de integración para los sirios y para cualquier refugiado", insistió Liguori.

Argentina es un Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967 y además ratificó los instrumentos regionales y universales en materia de derechos humanos.

El marco legal nacional que se ocupa de los refugiados está establecido en la ley de refugiados 26.165, aprobada en el año 2006.
Esa norma puso en marcha a la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), encargada de decidir sobre las solicitudes de asilo y encontrar soluciones duraderas para los refugiados.