El empresario Lázaro Báez sumó hoy una nueva causa por presuntas irregularidades en la compra de un terreno que fue parte del Parque Nacional Los Glaciares, lo que complica aún más la situación del propietario de Austral Construcciones, a quien ya se le comprobaron bienes por 748 millones de pesos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió abrir una investigación para determinar si hubo maniobras ilegales en la venta de cinco hectáreas que pertenecían al Parque Nacional los Glaciares a Báez, quien desde el 5 de abril pasado se encuentra preso por otra causa relacionada con lavado de activos.

Pollicita presentó un requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la denuncia que también apunta a funcionarios de Parques Nacionales, de la Gobernación de Santa Cruz y de la localidad de El Chaltén.

El terreno ubicado en la localidad de El Chaltén pertenece a una de las chacras allanadas en los operativos que el fiscal Guillermo Marijuan llevó adelante en la provincia de Santa Cruz en el marco la causa por lavado de dinero contra el propietario de Austral Construcciones, a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

En su dictamen presentado ante el juzgado federal 2, que encabeza Sebastián Ramos, Pollicita pidió investigar si "Lázaro Báez y autoridades de administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares, de la gobernación de Santa Cruz y del Concejo Deliberante de El Chaltén y su Municipalidad", pudieron haber cometido un delito en esa transacción.

Según la denuncia a la que accedió Télam, las cinco hectáreas en
El Chaltén, "habrían sido cedidos por la administración de Parques Nacionales a la provincia de Santa Cruz y, posteriormente, vendidos a Lázaro Báez mediante una medida de excepción aprobada por el Concejo Deliberante" de esa localidad santacruceña.

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan quien continuó hoy con los operativos que viene realizando desde ayer en las ciudades chubutenses de Trelew y Rawson, aseguró que el monto de los bienes allanados en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero del detenido empresario Lázaro Báez asciende a "748 millones de pesos" y que, si bien el embargo decidido por la Justicia es de 100 millones, "se puede ampliar".

En los allanamientos encabezados por Marijaun ayer se descubrieron otras 26 propiedades del empresario que se vincula al kirchnerismo.

El fiscal federal se mostró cauto sobre la posibilidad de pedir la indagatoria a Cristina Kirchner en la causa; dijo que "hasta el momento" no hay elementos de prueba que generen un estado de sospecha.
En declaraciones a Radio La Red, el Marijaun aclaró que para que "cualquier ciudadano pueda ser citado a prestar declaración indagatoria, tiene que haber un supuesto, y hasta el momento no hemos avanzado hacia eso".

En ese contexto, la definición por las apelaciones a procesamientos de Báez y los demás acusados se verá demorada por el pedido de uno de los procesados en la causa.

Fabián Rossi, pidió a la Cámara Federal prorrogar su apelación ante un cambio de abogados, con lo cual el Tribunal de Apelaciones comenzará recién a fin de mes a revisar el fallo del juez federal Sebastián Casanello.

La sala II del Tribunal fijó audiencia a Rossi para el próximo 24 de mayo, cuando su defensa podrá exponer oralmente o presentar un escrito, informaron a Télam fuentes judiciales.

Los demás procesados, entre ellos los detenidos Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, presentaron ayer sus escritos de apelación ante esa sala integrada por los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzún.

En su escrito de apelación, Báez pidió a los camaristas que revoquen la decisión de Casanello, quien lo procesó por los cinco millones de dólares que según una filmación se contaron en la ex financiera SGI, conocida como La Rosadita, frente a su hijo Martín y otros procesados en el caso.

En tanto, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, declaró hoy ante el juez Casanello, en el marco de la causa que investiga si el organismo que condujo brindó protección y encubrió a empresas del detenido empresario Lázaro Báez.

En su extensa exposición de cinco horas, Echegaray, hoy titular de la Auditoría General de la Nación, sostuvo que el cierre de la delegación Bahia Blanca de la agencia recaudadora durante su gestión se debió a un conflicto gremial anterior a que esa seccional investigara a un caso de presunta emisión de facturas aprócrifas, en el que estaría involucrada la firma Austral Construcciones.

La supuesta vinculación de Echegaray, hoy con el denominado 'Caso Báez' surgió de una denuncia presentada por la diputada nacional Margarita Stolbizer contra el empresario, en la que sostuvo que la AFIP le había dejado pasar una estafa millonaria realizada con facturas truchas.

Echegaray, está imputado en la causa acusado de haber permitido que el empresario santacruceño estafara al fisco y se hiciera de fondos ilegales que luego serían parte de una presunta maniobra de lavado.