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INTERNACIONALES
17 de marzo de 2016
Este jueves, el juez Itagiba Catta Preta Neto suspendió la asunción de Lula como jefe de la Casa Civil. Previamente, la Justicia divulgó las escuchas telefónicas entre el ex presidente y la actual mandataria, quien condenó el accionar del juez a cargo. Los partidos opositores también presentaron otra cautelar para frenar su nombramiento.
El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el principal de la oposición, y otras fuerzas aliadas respaldaron la decisión del jefe de Diputados, Eduardo Cunha, de reiniciar este jueves el proceso para abrir un enjuiciamiento político contra la presidenta Rousseff.
Aecio Neves, ex candidato presidencial por el PSDB y actual titular del partido, dijo que respalda el impeachment contra Rousseff y que también dará apoyo a un eventual gobierno del vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que podría asumir la primera magistratura.
Neves agregó que en caso de que surja un nuevo gobierno con Temer a la cabeza, el PSDB no será parte de un eventual nuevo gabinete, citó la agencia ANSA.
La divulgación en los medios de una conversación entre Rousseff y Lula, en la que aparentemente acordaban el nombramiento de éste para eludir a la justicia, aportó más argumentos a quienes respaldan el impeachment.
"La gente está escandalizada, quiere que este gobierno se vaya" declaró el diputado Pauderley Avelino, jefe del opositor bloque del partido Demócratas.
Mientras los opositores PSDB y Demócratas cierran filas para acelerar el impeachment, el formalmente oficialista PMDB emite señales de distanciamiento definitivo con el gobierno.
Parte de eso se vio cuando el titular del PMDB y vicepresidente Temer no asistió al acto de asunción del nuevo ministro Lula da Silva en el Planalto.
Para votar el juicio político contra Rousseff se requiere una mayoría especial en el congreso, y si el PMDB rompe definitivamente con el gobierno sus legisladores más los de la oposición parecen estar cerca de ese número.
Por lo pronto, la Cámara eligió este jueves a los 65 miembros de la comisión especial que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, cuestionada por supuestas irregularidades contables en las que el Gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015.